La decisión que tomó ayer el juez de Impugnación, Benedicto Correa, en la causa que tiene en la mira al funcionario judicial Mario Parisí generó un cimbronazo en Tribunales. Es que, no sólo anuló una resolución del magistrado de Garantías, Matías Parrón, quien le negó al imputado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba porque no hubo acuerdo del Ministerio Público Fiscal, sino que declaró inconstitucional un artículo clave del Código Procesal Penal (que contiene el actual sistema acusatorio), el cual establece que "los jueces no podrán otorgar, bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo expreso previo del Ministerio Público y la Defensa". Así, el fiscal Roberto Ginsberg, quien imputó a Parisí por ocasionar lesiones leves y amenazar a su exmujer, todo en un contexto de violencia de género, disparó con dureza contra Correa al indicar que "rompe el sistema acusatorio" porque "una de las características fundamentales es que la disponibilidad de la acción penal (avanzar o no con un proceso) está en cabeza del Ministerio Público Fiscal". Con esto, el juez "se lo está quitando". Así, indicó que "si nos guiamos por lo que ha resuelto, Fiscalía no va a poder desistir de investigar cualquier denuncia que se presente, sin previa consulta a un magistrado". Además, criticó que "este fallo evidencia que la Justicia no está escuchando a las víctimas de violencia de género".
Desde el Ministerio Público también confirmaron que llevarán la causa ante la Corte de Justicia, por lo que se espera que en la instancia superior se defina qué ocurrirá con Parisí. Esto es, si le corresponde el beneficio de evitar el juicio y, eventualmente, una condena, a cambio de un resarcimiento económico para la víctima y llevar adelante tareas comunitarias o si se debe mantener lo que plantea Fiscalía, que ese régimen no corresponde porque la víctima no está de acuerdo y porque "se trata de un funcionario judicial que intentó que la víctima cambiara la denuncia al ofrecerle dólares y pasajes de avión, situación en la que también participó otro funcionario judicial", en referencia a Juan Pablo Ortega. Este último, junto al médico Jorge Gil, fueron desligados de la causa por ser amigos de Parisí y porque el Código Penal establece que, bajo esa relación, no pueden ser juzgados.
En diciembre pasado, Parrón había rechazado el pedido de probation a Parisí porque no había un OK de Fiscalía. En su sentencia, Correa sostuvo que esa resolución "carece de fundamentación y es violatoria de la garantía del debido proceso, afectando una garantía constitucional". Según explicó en la audiencia de ayer, el juez de Garantías sostuvo, en un principio, que el contexto de violencia de género "no corresponde ser analizado en esta etapa del proceso" y, luego, "dijo que Fiscalía cumplió al fundar su posición para no dar una probation", dado que se trata de una causa de violencia de género. De acuerdo a la norma, el beneficio no corresponde para un imputado que cometió ese tipo de violencia. Así, Correa sostuvo que la sentencia del juez inferior "carece de motivación" y contiene "un andamiaje contradictorio", por lo que las conclusiones "no se sentaron en premisas válidas". En esa línea, anuló la sentencia, apartó a Parrón de la causa y dispuso que otro juez defina el planteo de la defensa.
No fue lo único, ya que declaró la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo 47 de la ley que puso en marcha el sistema acusatorio. Dijo que ese texto "condiciona el acceso a la Justicia pues, de no prestar el fiscal su consentimiento a la petición defensiva, nunca podrá llegar al conocimiento del juez, quien, bajo sanción de nulidad, no puede otorgar la vía alternativa. Todo lo cual no tiene otra salida que la denegatoria del mismo, cuando lo que debe evaluar el juez es si la oposición fiscal resulta razonable o motivada, en definitiva, la procedencia o no del beneficio" solicitado.
>> CLAVES
Inconstitucionalidad
El juez de Impugnación, Benedicto Correa, declaró la inconstitucionalidad del artículo del Código Procesal Penal que establece que jueces no pueden otorgar una probation, si no existe acuerdo expreso entre fiscalía y la defensa.
A la Corte
El fiscal Roberto Ginsberg adelantó que acudirá a la Corte para revertir el fallo de Correa. El representante del Ministerio Público se opuso a que Parisí obtenga la probation y pidió que sea condenado a un año y ocho meses de prisión.