En la causa contra el funcionario judicial Mario Parisí, el juez de Impugnación Benedicto Correa declaró la inconstitucionalidad de la norma que exige el consentimiento fiscal para otorgar una probation. Por eso, el fiscal del caso, Roberto Ginsberg, había cuestionado con dureza al magistrado, al punto que había indicado que, con el fallo, se "rompe el sistema acusatorio" porque dejaría en manos de un juez, y no de un fiscal, la decisión o no de investigar y promover un expediente. Ahora, al intentar que la Corte de Justicia revierta dicha sentencia de inconstitucionalidad, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi fue más allá y apuntó contra el juez Correa al indicar que cometió "un grosero error de derecho, cimentado en apreciaciones personales", que "evidencian un grave y palmario desconocimiento de los principios que dan base al sistema acusatorio", en el que están claras las funciones de los fiscales (acusar) y las de los jueces (juzgar). Eso no fue lo único, ya que calificó la decisión del juez de Impugnación como "absurda" porque "si el magistrado advierte una oposición infundada de Fiscalía, debe declarar la consecuente nulidad, pero, en ningún caso, tal situación le permitiría suplir la voluntad del fiscal y conceder la suspensión del juicio a prueba, pues, en tal caso, le faltaría el requisito del consentimiento fiscal exigido por el Código Penal".
El planteo de la fiscal se plasmó en el recurso de casación que presentó para que la Corte de Justicia revoque la decisión que tomó Correa. En el Ministerio Público vienen sosteniendo que, con la declaración de inconstitucionalidad de la norma que exige consentimiento fiscal para otorgar una suspensión de juicio a prueba, se rompe el sistema acusatorio. El tema está plasmado en un artículo del Código Procesal Penal y es la primera vez que un juez la cuestiona y la declara nula. Ahora, el máximo tribunal local deberá analizar si la presentación de Fiscalía corresponde a su análisis y si debe revertir la decisión de Correa. De no hacerlo, la inconstitucionalidad quedará firme y podrá ser planteada para otros casos en los que una defensa pida una suspensión de juicio a prueba y la fiscalía se oponga a dicho beneficio.
Para que la Corte analice el caso, la fiscal Gerarduzzi plasmó varios motivos, en los que utilizó duros términos contra el juez Correa. En el primero de ellos, sostuvo que no cumplió con lo que indica la Constitución provincial, la que, en su artículo 11, señala que, para declarar inconstitucional una ley, decreto, ordenanza o disposición, primero, deben tener conocimiento las partes para "asegurar el respeto a la garantía de defensa en juicio. Así, indicó que "se ha inclinado por la invalidación constitucional de una norma (…) sin dar posibilidad a esta parte de ser oído y exponer razones previas a la decisión de la cuestión constitucional abordada por el magistrado".
Además, la fiscal dijo que Correa llegó a una conclusión "absurda" y en la que plasma "el más supino desconocimiento de las funciones propias" de un juez y de un fiscal. Al punto que lo trató de "ignorante" por no saber diferenciar las funciones de un magistrado y la de un acusador.
Por otro lado, Gerarduzzi indicó que la decisión que tomó Correa va en contra de lo dictado en un fallo plenario de la Corte, llamado Molini, el que es de aplicación obligatoria para jueces y fiscales. Dicho plenario indica que "el consentimiento del Ministerio Público Fiscal no es vinculante y, por el contrario, la oposición fundada del Acusador Público a la concesión de la suspensión del juicio a prueba sí es vinculante para el tribunal…". Además, que también fue en contra de la convención internacional, con rango constitucional, que previene y apunta a investigar y sancionar la violencia contra la mujer.
Plazos
La Corte de Justicia no tiene plazos para dar un dictamen sobre el planteo de Fiscalía. Desde la defensa entienden que, si no existe una resolución y una audiencia de control de acusación antes de noviembre, la causa quedará prescripta por el paso del tiempo, ya que la denuncia se presentó en noviembre de 2021.
Defensa
La defensa de Mario Parisí está representada por Fernando Castro y Nasser Uzair. Los letrados habían solicitado la suspensión de juicio a prueba (probation), la que fue rechazada por Fiscalía al entender que la causa está enmarcada en un contexto de violencia de género. Dicho planteo es el que está en discusión.
Imputación y pedido de pena
El funcionario judicial Mario Parisí fue investigado como presunto autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de arma. Así, fiscalía había solicitado que cumpliera una pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional, es decir, no quedaría tras las rejas si es hallado culpable. A su vez, al pedir una probation, Parisí ofreció reparar el daño que podría ser consecuencia del delito al formular una propuesta que consideró ajustada a sus posibilidades, proponiendo el pago de 300.000 pesos en concepto de reparación económica simbólica, en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas.
Parisí es un reconocido funcionario judicial al punto que fue uno de los armadores del sistema acusatorio. Además, estaba al frente de la supervisión de Flagrancia y era asesor ante el Colegio de Jueces.