Dentro del borrador de reforma laboral que presentó el Gobierno nacional figura un cambio en el sistema de cálculo en la indemnización por despido. De implementarse, para el titular del Primer Juzgado del Trabajo, Mariano Ibáñez, implicaría una reducción que va desde el 10 hasta el 60 por ciento de lo que cobraría un empleado cesanteado, dependiendo de la actividad. La baja se debe a que se excluyen ítems como la antigüedad, adicionales, horas extras y el aguinaldo, entre otros.
El magistrado reconoció que, de darse la modificación, "aminora derechos reconocidos desde siempre por una legislación laboral que históricamente ha tenido una matriz protectora", mientras que desde la CGT y algunos gremios que conforman la central pusieron el grito en el cielo, al señalar también que "es un ataque a derechos conseguidos" y que es "una locura". Inclusive, la preocupación es que abra la puerta para que favorezca despidos a un costo menor para los empleadores.
La iniciativa macrista apunta a modificar el artículo 245 de la ley de Contrato de Trabajo. El nuevo texto señala que en el cálculo de la indemnización "quedarán excluidos de la base salarial, el sueldo anual complementario (aguinaldo), las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual". Ibáñez explicó que el criterio para establecer el monto indemnizatorio tiene hoy en cuenta todos esos puntos para conformar la mejor remuneración del último año, la cual se multiplica por los años de antigüedad, más la fracción mayor de tres meses. Es decir, si un trabajador se desempeñó durante cuatro años y cuatro meses, se computan cinco años.
En el caso de que se dejaran afuera los rubros de carácter mensual, normal y habitual, afectaría todo el cómputo y representaría una reducción en el valor total de la indemnización que iría del 10 hasta el 60 por ciento, dependiendo de la actividad, indicó el magistrado. Es que hay sectores que cuentan con muchos adicionales, como el de productividad, insalubridad, trabajo riesgoso, entre los más diversos, y otros que cuentan con menos.
En la CGT local realizaron el viernes un plenario extraordinario para exponer el borrador y plantear los puntos conflictivos. Entre ellos estuvo presente justamente la modificación en el cálculo de la indemnización por despido. Eduardo Cabello, titular de la central obrera, señaló que es un pérdida de un derecho, pero se mostró confiado en que tras las conversaciones con la conducción de la CGT nacional no avance tal cambio. Por su parte, Alejandro Kokot, de Aguas y Gaseosas, manifestó que "estamos en contra porque tenemos que defender al trabajador en su bienestar, en este caso, con el de la indemnización". También aclaró que "el proyecto en sí hay que dialogarlo y ver todos los puntos de vista. No soy de la postura de decir desde ya no a todo. Habrá cosas buenas a rescatar y otras para discutir. Y si en el equilibrio va a mejorar la situación laboral, ¿por qué decir que no?". Ariel Gutiérrez, de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), también manifestó su rechazo al cambio en materia indemnizatoria, mientras que Rolando Manzanelli, del sector de los plásticos, señaló que "es una locura".
El borrador de la reforma impulsada por el Gobierno nacional también acota de dos años a uno el plazo para que un trabajador pueda iniciar un juicio laboral después de desvincularse de la compañía.
Otra queja
Fondo de cese
Otra de las preocupaciones de los sindicalistas es la creación del Fondo de Cese Laboral en los convenios colectivos, de los que se podrá establecer un fondo integrado por aportes patronales para solventar el pago de la indemnización para despidos.