La oposición parlamentaria busca consolidar una posición de rechazo al proyecto del Gobierno nacional de establecer un nuevo marco regulatorio para Papel Prensa, pese a que los sectores de centroizquierda plantean dudas sobre las intenciones de la Casa Rosada de declarar "de interés público" la producción de papel para los diarios. Mientras el núcleo duro anti-K conformado por la Coalición Cívica, PRO y del radicalismo, aunque con matices, ya anticipó que no piensa acompañar la propuesta, otros sectores de oposición como Proyecto Sur y el socialismo plantean dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno, aunque ven con buenos ojos la idea de regular la actividad. El clima de debate en el Congreso se evidenció ayer en el Senado, donde durante una sesión que no incluía el anuncio de la presidenta Cristina Fernández sobre Papel Prensa, el tema se filtró provocando un fuerte cruce entre oficialistas y opositores.
Desde el Gobierno nacional tanto el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, como el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, trabajaron ayer para cumplir con el pedido presidencial de realizar una presentación judicial en base al presunto vínculo de la venta de Papel Prensa con la última dictadura militar. Precisamente, el hermano y la hija del fallecido ex dueño de Papel Prensa, David Graiver desmintieron la versión oficial sobre la venta de la empresa y afirmaron que la operación, ocurrida el 2 de noviembre de 1976, se realizó "sin amenazas, ni extorsiones y en libertad". En el caso de Isidoro, quien también publicó una solicitada en los diarios Clarín y La Nación donde ratificó sus dichos, aludió a la participación de Montoneros y declaró su "sorpresa" por los dichos de su cuñada, Lidia Papaleo y su hermano Osvaldo "que no se ajustan a la realidad".
De esta forma, ambos familiares directos del ex dueño de Papel Prensa salieron al cruce del argumento esgrimido el martes por la presidenta quien, al anunciar el envío al Congreso y a la Justicia del caso de la papelera, habló de "apropiación ilegal" de la compañía.
Estos testimonios fueron rechazados desde el Gobierno nacional. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, restó entidad a los dichos de la hija de David Graiver porque, dijo, "por entonces tenía dos años, con lo cual, del tema no puede conocer absolutamente nada". Sobre Isidoro Graiver, adjudicó la desmentida a una controversia familiar.
En tanto, Elisa Carrió, adelantó que se "va a oponer" al proyecto porque "viola el art 14 de la Constitución".