Casi un mes después del Informe de la presidenta Cristina Fernández sobre Papel Prensa, el Gobierno presentó ayer una denuncia penal en la Justicia para que se investigue si hubo crímenes de lesa humanidad de parte de funcionarios de la dictadura y de directivos de los diarios Clarín, La Nación y La Razón, en el marco de la compra de acciones de esa compañía.
Puntualmente, la presentación que realizó la secretaría de Derechos Humanos, constituida en parte querellante, reclamó al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza que investigue los delitos de "asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte- y vejaciones, todas estas conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad".
En nombre del Estado, y con el patrocinio del Procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, el Gobierno pidió las indagatorias del dictador Jorge Rafael Videla, del jerarca de la Marina y ex miembro de la junta militar, Emilio Eduardo Massera (declarado inhábil mental por la Justicia), del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del ex secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Juan Pío Podestá, quienes habrían obligado a los integrantes del Grupo Graiver a transferir sus acciones a los tres diarios. En el mismo escrito, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde pidió que se cite como "partícipes necesarios de la maniobra a quienes resultaron beneficiarios de la misma, en tanto eran directivos de los mencionados periódicos y de FAPEL SA". El texto menciona a los empresarios "Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos", pero añade también los nombres de "Manuel Campos Carlés y Patricio Peralta Ramos", tras aclarar que "estos dos están -según las informaciones que circulan- ya fallecidos". Según la denuncia, "los imputados contaban con la aquiescencia de la cúpula del terrorismo de Estado".