“Queremos Justicia. Basta de abuso de poder, de jugar con la inocencia de la gente. Todos apoyamos al doctor Carlos Macchi”. Eso es lo que tenían estampados los panfletos que ayer aparecieron tirados en la puerta del estudio jurídico del hijo del fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y en el del abogado Rubén Pontoriero. Ambos actúan en representación de la provincia, son los querellantes en la megacausa de las expropiaciones y los 2 presentaron un pedido de destitución contra el juez Civil Macchi por su participación en los juicios de expropiaciones donde presuntamente se infló el valor de los terrenos para que el Estado pagara cifras millonarias.
Ante la situación, De Sanctis aseguró que “no me siento intimidado ni presionado. Voy a seguir adelante cueste lo que cueste. Esto no me mueve la aguja para nada”. El fiscal inclusive tomó algunas frases del escrito para reafirmar su postura. “Nosotros también queremos Justicia y estamos actuando dentro de la ley y lo que dicta la Constitución”, destacó.
El escrito esboza una defensa al titular del Juzgado Civil Nº 5, quien fue denunciado por De Sanctis en más de 30 hechos irregulares que fueron detectados en cuatro juicios de expropiaciones en los que intervino. Estos son los expedientes conocidos como Canal Benavídez, Parque de Mayo, “Ruiz, Guillermo” y el caso “Anes”, por un terreno en la zona de Cuesta del Viento. Entre otras cosas, se lo acusa de dejar afuera al Tribunal de Tasaciones, tener en cuenta sólo la pericia del expropiado, no mandar a pedir las actas que determinan desde cuándo hay que aplicar intereses, incluir en sus fallos mejoras de terrenos que no se comprobaron, aplicar mecanismos de actualización de precio prohibidos por ley y dejar que el abogado de los expropiados, Santiago Graffigna (señalado como uno de los autores principales de las presuntas maniobras fraudulentas), actúe en causas sin estar autorizado.