El conflicto por el freno de las obras de ensache de la Ruta 40, en Pocito, sumó un nuevo capítulo luego de la empresa Panedile emitiera un comunicado reiterando que el inconveniente es la falta de expropiación de los terrenos.
A continuación, el texto completo de la constructora
Desde mayo de 2016 Panedile informó oficialmente a través de 11 notas enviadas a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), las demoras de esa repartición en realizar las expropiaciones de todos los terrenos linderos de ambos lados de la ruta para avanzar efectivamente con la obra. Al día de hoy, las autoridades no hicieron ni una sola expropiación, solo se cuenta con algunos permisos precarios obtenidos gracias a la buena voluntad de los vecinos y también de la propia empresa en su afán de solucionar los problemas.
Estas expropiaciones no realizadas en el momento oportuno por la Nación imposibilitaron la construcción de gran parte de las colectoras, las cuales están dentro del alcance del contrato y además dificulta la tarea principal. El 31 de diciembre de 2016 la DPV y la DNV convinieron que el contrato de la Ruta 40 Acceso Sur pase a la órbita nacional pero nunca formalizaron la cesión del contrato con Panedile. Desde esa fecha la compañía no ha cobrado los trabajos ejecutados y certificados ni la redeterminación correspondiente por ley, solo por estos conceptos se acumula una deuda al 30/6/17 superior a los 75 millones de pesos.
La empresa ha demostrado buena voluntad en todo momento, a pesar de la extensa demora en el cobro de las certificaciones de obra y redeterminaciones de precios y no ha frenado la obra.
Por todos los inconvenientes que padece el proyecto desde hace 15 meses de iniciada las tareas, solo se ejecutó un 28 por ciento de los trabajos, a pesar de haber transcurrido el 62 % del plazo de obra, lo que obliga a demorar un año más el final respecto de la fecha pactada.
Asimismo, el mantenimiento de la obra, los equipos y los salarios de más de 400 personas generaron un fuerte desbalance en el presupuesto del proyecto, la empresa tuvo que abonar todos los costos, lo cual se ha cumplido en tiempo y forma.
Por último, expresaron que "lamentamos que las demoras de la Nación en las expropiaciones, el silencio administrativo en torno a los reclamos efectuados por 135 millones actualizados a la fecha y que sumado a la deuda mencionada de 75 millones, totalizan 210 millones de pesos, nos obligan a disminuir el ritmo de la obra, con los perjuicios económicos y sociales que ello implica".