Trabajos de electricidad en las instalaciones del PAMI que no se terminaron y que se pagaron igual, un proceso de contratación digitado para favorecer a una empresa de desinfección, un pedido de coima a un prestador y el pago de un alquiler sobrevaluado durante años. Esos son, de mínima, los hechos que les enrostran y complican a Jorge Clavel y Leonardo Páez, exinterventor y exjefe Administrativo Contable de la obra social de los jubilados respectivamente. Los dos fueron detenidos recientemente por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo y cuando los interrogaron prefirieron quedarse callados, aunque sus abogados dicen que en estos días darán explicaciones (ver recuadro).
Páez fue encarcelado el miércoles 9 de abril y Clavel dos días después, tras una larga investigación administrativa y judicial. Si bien se supo que los hacen responsables de una presunta pila de delitos, ahora trascendieron detalles de las acciones concretas que habrían ejecutado con el supuesto objetivo de sacar provecho del millonario presupuesto de la entidad que debe bregar por la salud de miles de abuelos sanjuaninos.
Según fuentes vinculadas a la investigación, los hechos que comprometen a los exfuncionarios son, al menos, 4. Aunque sigue sin conocerse públicamente cuánto es el dinero que involucrarían las maniobras.
Bajo el mandato de Clavel se contrató una empresa para que cambiara las instalaciones eléctricas de la sede central de PAMI, ubicada en Córdoba y Mendoza, y de la delegación de Rawson. De acuerdo al relato de las fuentes, el proveedor dejó las cosas a medio hacer y lo mismo le pagaron. Es decir, habrían desembolsado dinero del organismo por trabajos que nunca se realizaron.
Otro de los hechos se refiere a una polémica contratación para desinfectar el edificio principal del organismo y un anexo que está enfrente. Las fuentes contaron que de los expedientes administrativos surge que hubo intención de favorecer a la empresa DITSA S.A (propiedad de Mario del Valle Barrionuevo) que se presentó en el concurso para quedarse con el trabajo. De hecho, resultó adjudicataria. Afirman que la maniobra fue muy evidente y que hasta el departamento legales del PAMI les marcó por nota que desistieran de avanzar con la contratación.
En la investigación surgió también el polémico alquiler de una casa dispuesto por Clavel, tema que este diario sacó a la luz en una nota publicada en 2010. El PAMI pagaba 7.500 pesos cuando, a criterio de dos especialistas en cuestiones inmobiliarias, costaba mucho menos. La sospecha de los pesquisas es que en realidad sólo fue una excusa para hacer un negocio y que la totalidad del dinero no llegaba a la propietaria.
Finalmente, por lo menos por lo que se sabe hasta ahora, a Clavel y Páez los responsabilizan por un presunto cobro de una coima. Las fuentes aseguraron que en el expediente judicial hay elementos que dan cuenta de que le habrían pedido un monto de dinero a un prestador del PAMI.
Clavel llegó a la conducción del PAMI en 2004 y Páez fue su mano derecha como responsable del área donde se cocinan todas las cuestiones administrativas. Estuvo a cargo de la institución hasta agosto de 2010 y su salida fue en medio de un clima de conflicto.
Por todos los hechos consignados en la causa penal, afirmaron las fuentes, a los detenidos les imputan la comisión de 7 delitos en concurso real. Entre ellos, cohecho (coima), abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
La denuncia que pone en el ojo de la tormenta a los exfuncionarios se hizo en forma anónima ante la Unidad Federal de Investigaciones (UIF) del organismo nacional, quien formalmente decidió ir a la Justicia Federal en junio del año pasado. Las fuentes aseguraron que en la causa se tomaron testimoniales (entre ellas, a la propietaria de la empresa Sur Saneamiento, una de las que se quedó afuera en el concurso por la desinfección) y hay gran cantidad de documentación aportada.
Clavel y Páez están presos en el Penal de Chimbas, donde fueron trasladados luego de que el juez les negara la excarcelación. Al concurrir varios hechos, si eventualmente son condenados, podrían recibir una pena de cumplimiento efectivo y deberían seguir tras las rejas.