Cuando creía que podía zafar de hacer frente a una abultada suma de dinero, el Estado sanjuanino fue condenado por la Cámara Civil a pagar 3.605.246 pesos por honorarios profesionales en una demanda que le inició a un deudor del Residual del Banco San Juan de apellido Soto. El caso encendió las alarmas oficiales en su momento por los números en juego y fue un verdadero escándalo, ya que la provincia lo perdió a raíz de la negligencia de una de sus abogadas. Si bien es un hecho que habrá que hacer un desembolso importante, la Fiscalía de Estado apostaba a que primara un fallo que dictó el máximo tribunal del país en el mismo proceso y que la cifra no excediera los 22.000 pesos. Ahora, está preparando un nuevo recurso ante la Corte de Justicia local para intentar reducir el monto.
La demanda es de vieja data y para las arcas públicas se ha convertido en una especie de “espada de Damocles”, como otras en donde el Estado se vio perjudicado por el accionar de sus profesionales. El proceso comenzó en los años ‘90, aún no se puede terminar y es un dolor de cabeza, con el Estado en peligro de perder una cifra de varios ceros que bien podría ir a obras o servicios. Lo increíble es que es una causa donde tenía plata a cobrar y terminó siendo condenado a pagar.
El reclamo a Soto era por 171.000 pesos por una deuda que mantenía con el Banco San Juan antes de su privatización. Pero la abogada de Fiscalía de Estado que llevaba el caso, Cristina Montilla, dejó vencer plazos y no apeló la caducidad de instancia que dictó la Justicia en 2004. En la práctica, la provincia no pudo cobrar ni un peso, fue declarada vencida y como “el que pierde paga”, resultó condenada a poner 9.000.000 pesos en honorarios de la contraparte.
Resignada por el mal manejo de su abogada, que finalmente fue cesanteada (ver aparte), la Fiscalía de Estado interpuso planteos en todas las instancias judiciales locales y como se los rechazaron, llegó hasta la Corte Suprema con la idea de bajar la suma. El máximo tribunal nacional, por amplia mayoría, le dio la razón en 2010. Dijo que la base regulatoria debe ser el 50% del monto demandado sin computar intereses y que el tope de honorarios es del 25% sobre el primer monto. Y en base a esos guarismos, ordenó que el expediente regresara a la jurisdicción sanjuanina para que se readecuara el fallo.
La posición de la Corte Suprema había traído tranquilidad en las esferas oficiales, porque supone que se pagará una suma muy inferior a los 9 millones iniciales. En la Fiscalía de Estado sostienen que si se toman en cuenta los parámetros de los cortistas nacionales, la base regulatoria tendría que ser 85.500 pesos (el 50% del capital demandado) y que los honorarios que se calculan sobre ese monto deberían ascender a unos 22.000 pesos como máximo (25% de la base regulatoria). De ahí que en el organismo se declararon sorprendidos con el nuevo fallo que encendió el alerta.
La sentencia es del 17 de diciembre, pero recién se conoció ahora. En la misma, los miembros de la Sala I de la Cámara Civil fijan como base regulatoria casi 15.000.000 pesos (capital más intereses) y ordenan pagar 667.638 pesos a cada uno de los cuatro abogados que actuaron en nombre del demandado y 934.694 pesos al profesional que interpuso la caducidad de instancia. Es decir, 3.605.246 pesos.
El abogado de la provincia que se está encargando de la cuestión es Claudio Alvarez, que ya recibió instrucciones del fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, para presentar un recurso ante la Corte de Justicia local. El escrito está casi listo y se basa, fundamentalmente, en insistir con la aplicación de la posición del superior tribunal argentino.
La provincia tiene tiempo hasta febrero para presentar el recurso y si eventualmente se lo rechazan, cuenta con la opción de ir nuevamente a la Corte Suprema. Llegado el caso, sería la última chance de esquivar un millonario perjuicio económico que nunca debió ser ni siquiera un riesgo.