Si bien la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal le otorgó la prisión domiciliaria, el represor Gustavo De Marchi no la tendrá tan fácil. Es que el máximo tribunal penal del país le concedió el beneficio en el marco del tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad en la provincia en el que está siendo juzgado, pero el militar retirado también se encuentra detenido bajo la órbita de otros jueces federales. El defensor de De Marchi les había pedido a estos magistrados que replicaran el arresto en su casa, pero Daniel Doffo, Eliana Rattá y Carlos Lascano primero escucharán a las víctimas antes de tomar una definición.
Esta última medida había sido solicitada por el fiscal Federal General Francisco Maldonado, quien, según las fuentes, propuso que sean oídas unas 70 víctimas del accionar de De Marchi. El titular del Ministerio Público, además, se había opuesto a la prisión domiciliaria del represor porque tiene una condena de 25 años de cárcel y otra por perpetua, por lo que "estas circunstancias aumentan considerablemente el riesgo de fuga". El represor se había escapado el 25 de julio de 2013, a 22 días de recibir su primer castigo, junto a Jorge Olivera (ver Fugados…).
Doffo explicó que la convocatoria a las víctimas ya se hizo en el Boletín Oficial provincial y nacional y se extenderá hasta la semana que viene y, desde la última publicación, recibirán las opiniones sobre el arresto de De Marchi durante cinco días. Además, destacó que los damnificados no están obligados a acercarse al Tribunal Oral Federal, pero, para aquellos que quieran hacerlo, irán diagramando el mecanismo de recepción de las declaraciones. En ese marco, indicó que pueden ser por escrito y de manera grupal y si hay personas que quieran exponer, se armará una audiencia en la que se respetará el distanciamiento que exige el protocolo ante la pandemia del coronavirus.
La palabra de los damnificados está contemplada en la ley nacional 27.372 de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos. Y si bien no es vinculante, es una base para cualquier Tribunal. Doffo, Rattá y Lascano están a cargo de la ejecución de la pena de los condenados en el segundo megajuicio por delitos de lesa humanidad, quienes reemplazaron a los jueces subrogantes que habían aplicado los castigos.
Todo se había originado luego de que el Tribunal del tercer megajuicio, conformado por los mendocinos Alberto Carelli y Paula Marisi y la puntana Gretel Diamante, le rechazara el pedido de domiciliaria a De Marchi. El planteo lo había hecho el defensor oficial, Esteban Chervin, quien sostiene que el represor se encuentra dentro del grupo de riesgo ante el Covid-19, dado que tiene 71 años y múltiples patologías crónicas. Tras la negativa, el abogado acudió a la Cámara de Casación, en la que los magistrados revirtieron la decisión porque entendieron que a De Marchi se le deben contemplar los derechos humanos "que le asisten a los adultos mayores".
Con ese fallo a favor, Chervin pidió que se extendiera el beneficio a las otras causas del represor: la condena de 25 años (cuya ejecución está en manos del magistrado puntano Raúl Fourcade) y la de prisión perpetua (en poder de Doffo, Rattá y Lascano). Este último Tribunal puede convalidar la resolución de Casación Penal o ir en contra, ya que, si bien se trata de un organismo superior, su sentencia no fue a través de un fallo plenario (de todos sus integrantes) y, encima, uno de los miembros de la Sala votó en disidencia. Además, el fallo de Casación no está firme, dado que el fiscal General Raúl Plee acudiría a la Corte Suprema para darlo vuelta.
Fugados y castigados
El 3 de julio de 2013, Jorge Olivera, el jefe de la represión en San Juan, fue condenado a prisión perpetua mientras que Gustavo De Marchi, miembro del temible grupo de tareas, recibió un castigo de 25 años. Ambos pidieron y consiguieron el traslado desde el Penal de Chimbas al Hospital Militar Central Cosme Argerich, de la Ciudad de Buenos Aires, para atenderse por problemas de salud, el 25 de julio. Los turnos habían sido gestionados por Marta Ravasi, esposa de Olivera. Este último y De Marchi se terminarían escapando tras múltiples fallas de control en el centro de salud.
El 4 de diciembre de 2015, De Marchi fue apresado por la Policía cuando caminaba por el barrio porteño de Almagro. Por su parte, Olivera fue recapturado el 30 de enero de 2017, en la casa de su esposa, mientras estaba oculto en el baúl de un auto. Los dos fueron castigados con prisión perpetua en el segundo megajuicio.
Olivera
El jefe de la represión durante la dictadura, Jorge Olivera, también había pedido la prisión domiciliaria por su estado de salud y para cuidar a su esposa, Marta Ravasi. El fiscal General y el Tribunal Oral le rechazaron el beneficio y, según fuentes judiciales, su abogado acudió a Casación Penal.
Apartado
Según las fuentes, Rubén Ortega, exjefe de la Policía durante la dictadura, fue apartado del tercer megajuicio por "incapacidad sobreviniente". Por eso, su defensor solicitó que sea apartado del proceso en el que terminó con una condena. El Tribunal también escuchará a las víctimas.