La historia se repite. El Estado tenía a cobrar más de 140 mil pesos que un deudor nunca le pagó al Banco San Juan y por propia responsabilidad, perdió el juicio y ahora tendrá que pagar honorarios ajenos. Lo más increíble es que había obtenido sentencia favorable, pero los abogados de la Provincia se dejaron estar, nunca hicieron ejecutarla y el caso terminó prescribiendo. Por dos casos similares, que implicaron cifras millonarias, la Fiscalía de Estado echó a dos letrados hace algunos años.
La causa comenzó a tramitarse en los ‘90 y su nefasta consecuencia data del año pasado, aunque recién salió a la luz ahora. Los protagonistas eran Daniel Llorens y María Teresa Molina, un matrimonio que en 1994 fue demandado por no haber devuelto un crédito de 141 mil pesos que había pedido en el Banco San Juan cuando todavía no se privatizaba. La provincia reclamó 822 mil pesos por la aplicación de intereses, la Justicia le dio la razón por más de 500 mil y condenó a los deudores a pagar. Pero ahí empezaron los dolores de cabeza para las arcas públicas.
Para que la Provincia recuperara el dinero, los abogados de la Fiscalía de Estado encargados del caso sólo tenían que presentarse ante el juez, practicar la planilla de liquidación y dar por iniciada la ejecución de la sentencia. Pero no lo hicieron y fue el principio del fin.
Fuentes judiciales aseguraron que pasaron 10 años sin que cumplieran ese sencillo paso procesal y así, se venció el plazo que daba el Código Civil para que la parte acreedora hiciera cumplir el fallo. Advertidos de ese detalle, los abogados de Llorens y Molina pidieron la prescripción y en el año 2010, el por entonces titular del Juzgado Civil Nº 8, Daniel Olivares Yapur, dictaminó que efectivamente había fenecido el término que da la ley. En otras palabras, que la Provincia perdió el derecho de cobrarle al deudor.
La Fiscalía de Estado apeló a la Cámara Civil y una vez más, el proceso quedó en el olvido. El planteo ingresó al mismo juzgado y tenía que ser elevado a la segunda instancia, pero las fuentes contaron que el expediente no fue impulsado por la provincia y la causa caducó. Así lo resolvió en octubre del año pasado el nuevo juez Civil Nº 8, Walter Otiñano, a instancias de una nueva presentación que hicieron los abogados de la contraparte cuando se dieron cuenta de que los plazos se vencieron nuevamente.
En las causas penales, la instrucción de la causa y el cumplimiento de los castigos son responsabilidad de los jueces. En el fuero Civil, en cambio, es la parte que demanda la que tiene que mantener en movimiento el proceso y si hay un condena, como en este caso, también debe encargarse de que se ejecute.
No sólo que la Provincia no logró cobrar, sino que tendrá que pagar. Si bien no es una cifra exorbitante, deberá usar dinero que podría ir a servicios o satisfacer demandas sociales. Al haber sido declarada vencida por la prescripción, fue condenada a poner cerca de 23 mil pesos de honorarios a los abogados de Llorens y Molina. Claro que ese monto es a 2010 y habrá que actualizarlo, por lo que el perjuicio será mayor.
La situación recuerda a lo que pasó en otros dos casos, también del Residual del Banco San Juan. La Provincia tenía dinero a percibir, sus abogados no instaron la causa y además de perder, la castigaron con el pago de millonarios honorarios. La Fiscalía de Estado inició sumarios contra los profesionales responsables, que terminaron fuera del organismo (ver aparte).
En el caso Llorens participaron varios letrados y no se sabe a ciencia cierta quién es el culpable. El actual fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, asumió un año después de la prescripción y fuentes del organismo aseguraron que está analizando la historia del expediente, para saber quién sería el responsable y decidir si corresponde abrir otro sumario.