Carlos Rodríguez, el fiscal que venía trabajando hace casi 2 años en la megacausa de las expropiaciones, se apartó ayer de la investigación debido a la amistad que mantiene con un presunto nuevo implicado en el caso. La decisión puede demorar el avance del expediente, ya que, por ejemplo, el próximo miércoles está prevista la indagatoria de Horacio Alday, exsocio del principal involucrado, Santiago Graffigna, y en Tribunales consideraban postergar la cita ante la posibilidad de que para esa fecha no haya un reemplazante. El eventual retraso, que se suma a otros incidentes por los que ha atravesado la causa, provocó un profundo malestar en el Gobierno, ya que fue la gestión giojista la que impulsó la denuncia para que se investigue una supuesta red de abogados, jueces y funcionarios que se dedicaba a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para sacarle sumas millonarias.

El que no ocultó su bronca con la inhibición de Rodríguez fue el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, querellante en la causa. “Pretende escaparse del caso, con lo cual, no es ajeno al grupo de funcionarios judiciales que quieren desentenderse de la causa más importante de la historia provincial”, aseguró. La decisión de Rodríguez ya forma parte de una extensa cadena de inhibiciones de fiscales que ha ido retrasando el expediente. Luego de que el Ejecutivo radicara la denuncia, el primero en intervenir fue Daniel Guillén, pero después se apartó por su amistad con uno de los imputados. El que siguió el mismo camino fue Fabricio Médici. Por otro lado, la causa también sufrió demoras cuando la magistrada que llevaba la investigación estuvo de licencia (ver recuadro).

El fiscal cumple una función clave: es el encargado de impulsar la acción penal y pedirle al juez que abra la investigación contra un sospechoso. Rodríguez tenía en sus manos una denuncia contra el destituido juez Carlos Macchi, por lo que debía decidir si realizaba o no el requerimiento de instrucción. Dicha tarea, ahora, quedará en manos de otro fiscal.

Rodríguez decidió alejarse de la megacausa porque esgrimió que tiene amistad con el abogado Carlos Infante, a quien el juez subrogante Benito Ortíz le tomará declaración informativa el 2 de julio. Infante quedó en la mira por el expediente “Suraty”. Según fuentes calificadas, en ese caso, la Sociedad San Vicente de Paul, que era asesorada por el abogado Gustavo Mulet, le cedió el 35% de los derechos de un juicio de expropiación por un terreno en Rawson a Mónica Almeida. La mujer era secretaria de Mulet y de Infante (socios en un estudio jurídico) y luego vendió ese porcentaje a la hermana de este último, María Celina Infante. La institución de beneficencia, bajo el asesoramiento de Graffigna, le cedió el restante 65% a Miguel Suraty. La sospecha de los investigadores es que la conducción de la entidad no fue informada por sus abogados de que el juicio ya tenía sentencia de cobro por casi 1,2 millones de pesos, el cual fue cedido por por tan sólo 45 mil pesos.

De Sanctis cuestionó la inhibición al asegurar que Infante “recién ha sido citado a una informativa, técnicamente no está perseguido penalmente. Quizás hable y aclare la situación. Cuando se lo indague y califique un delito, ahí podría el fiscal haber planteado su inhibición”.