Eduardo Rodari, el dueño de la empresa constructora que debía instalar y poner en marcha la obra de la red de gas domiciliario en Jáchal, demandó a la Municipalidad de ese departamento por estafa, falsedad material de documento y uso de documento falso.
Es porque el empresario, que ya había iniciado otras dos demandas contra el municipio, una que tramita en el Juzgado Letrado jachallero y otra en el Juzgado Federal Nro 2, reclamando el costo financiero para permitir la continuación de los trabajos, sostiene que nunca recibió y que se tramitó irregularmente una carta certificada con aviso de retorno que le envió el municipio. Y quiere que la Justicia determine quiénes fueron los responsables. En la denuncia la fiscal Silvina Godoy de Susso le pidió al juez Leopoldo Rago Gallo que investigue.
Esa carta es de fundamental importancia porque en la Intendencia sostienen que como Rodari no contestó la comunicación, en la que le informaban sobre la rescisión del contrato de las obras, se quedó sin argumento para sostener las demandas contra la Municipalidad por el reclamo del reajuste financiero.
Según señala el empresario en la denuncia, la carta está plagada de irregularidades porque la persona que firmó el aviso de retorno no es nadie vinculado a la empresa, no hay sello fechador de la oficina de correos y tampoco figura el nombre y apellido del cartero que supuestamente la entregó. Además, en el Correo Argentino le dijeron que la carta nunca salió de Jáchal.
En el medio de la pelea están juego unos 20 millones de pesos, que el municipio le debería pagar a Rodari por el reajuste de los costos de la obra.
Sobre el tema, Rodari dijo que “la única motivación de este ardid delictivo es para que no tuviéramos la posibilidad de defendernos”.
El intendente Jorge Barifusa, como cabeza de la administración municipal, respondió que “nosotros actuamos correctamente. Tenemos la carta notarial y el acuse de recibo. Se mandó al domicilio comercial que establecía el contrato”.
La obra de la red de gas domiciliaria en Jáchal (ver aparte) comenzó en 1995 pero está paralizada desde hace más de 8 años.
El apuro por rescindirle el contrato a la empresa de Rodari es porque el municipio le encargó a una consultora un informe para determinar el estado de la obra y analizar la posibilidad de encarar la finalización para poder dotar del servicio a los habitantes del departamento norteño.