Este miércoles, a un año de que los abogados Marcelo Arancibia y Diego Seguí presentaron una denuncia para que se investiguen las contrataciones del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y los elevados precios para dar cobertura a los empleados estatales y la Policía durante la gestión giojista, el exasesor del exgobernador, Oscar Bernard, se presentó en la Justicia para dar su versión de los hechos. Allí, el de la Secretaría General de la Gobernación prestó declaración testimonial y contó cómo funcionaba el sistema de seguro.
Lo que aportó Bernard con su declaración es vital para la investigación que tiene en manos el titular del Segundo Juzgado de Instrucción, Pablo Flores, y que impulsa el fiscal Daniel Galvani. Es más, según se desprende del expediente, los contratos que llevó adelante la gestión anterior desde 2005 a 2016, pasaron por sus manos, y él fue el contacto directo de la administración pasada con los representes locales de la aseguradora. En diciembre, Flavia Nayar Ojeda, exgerente local del IAPSER, dio su versión ante el juez y en esa declaración aseguró que Bernard era el funcionario de la Secretaría General de la Gobernación con quien ella tenía contacto y discutía los pormenores de los contratos a ejecutar.
Para el caso de Lara, exdiputado, presidente de la junta departamental del PJ en Rivadavia, representate del IAPSER en San Juan y gestor de seguros, la situación es similar ya que él fue el nexo entre la empresa entrerriana y el Ejecutivo local, para que las contrataciones se lleven a cabo año tras año.
Al igual que Nayar Ojeda, los hombres de Gioja debían presentarse en la Justicia en diciembre, pero no lo hicieron. Un impedimento del Juez hizo que la exposición de Lara fuera postergada. Mientras que para Bernard, el letrado decidió no asistir a la justicia justificando que no estaba en San Juan. La excusa la presentó un colega suyo el mismo día de la citación. Según trascendió, esa acción fue una “mala señal” para la causa, porque la misma representa una desobediencia a una orden judicial, ya que un testigo tiene la obligación de asistir si es llamado por la Justicia, a menos que se lo impida su salud. Ambas testimoniales fueron reprogramadas para febrero, pero desde el juzgado volvieron a reprogramarlas para la semana entrante.
La polémica por la contratación de seguros estalló en diciembre de 2016, cuando la gestión uñaquista decidió licitar por primera vez un servicio que siempre fue prestado por el IAPSER, gracias a una contratación directa y renovación automática. Tras la apertura de sobres, el Ejecutivo actual adjudicó el servicio a una nueva firma, generando un ahorro de 320 millones de pesos al año. Arancibia y Seguí pidieron investigar los elevados precios que pagó el giojismo y por qué hizo una contratación directa y no una licitación, como lo exige la ley.