En la continuidad de la sesión extraordinaria, la bancada peronista metió ayer un proyecto de ley para que los recursos de un fondo para obras y otro para emergencias pasen a engordar la coparticipación que se reparte en los 19 municipios. Además del PJ, la iniciativa contó con el apoyo de sus aliados y terminó aprobada con 24 votos contra los 12 de Juntos por el Cambio (JxC). El rechazo del oficialismo, que es minoría, apuntó a que el gobernador Marcelo Orrego se queda sin una herramienta (el Fondo de Emergencias) para ayudar de manera discrecional a las comunas que enfrenten una crisis económica, social o contingencias climáticas. La molestia fue tal, que el vice y presidente de la Cámara, Fabián Martín, resaltó que la movida del justicialismo "pone en riesgo la gobernabilidad". De hecho, el propio mandatario provincial le dijo a este medio que considerará vetar el cambio en la normativa.
El proyecto de ley fue tan sólo uno de los puntos de la embestida del uñaquismo, lo que ayer reflejó una ruptura, por ahora, en la convivencia política e institucional con JxC y una demostración de fuerza. Tal cual había adelantado este medio, el bloque mayoritario se quedó con los cargos (ver aparte) en el Consejo de la Magistratura y el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). En estos casos, los legisladores que entraron a la Cámara de la mano de la lista que impulsó el exgobernador actuaron de manera compacta y sostuvieron los 19 votos para alcanzar la mayoría simple. En esos temas, la diputada Graciela Seva y su par Mario Herrero (del giojismo), Gabriel Sánchez (que responde al exintendente Fabián Gramajo) y Franco Aranda, del Frente Renovador, no acompañaron al uñaquista y hasta algunos de ellos jugaron con JxC. Los cuatro, luego, sí votaron junto al uñaquismo en la modificación de la ley de coparticipación municipal.
Dicha norma establece un 92 por ciento de reparto entre las comunas de acuerdo a sus índices de coparticipación, un 3 por ciento para el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere), el cual también se distribuye bajo esos parámetros, pero sólo para obra pública, y un 5 por ciento para el Fondo de Emergencias Municipales (FEM), el que va destinado a problemáticas de distinta índole. En este último, su manejo, si se quiere, es de tipo discrecional ante el pedido de los intendentes y ahí también está el trasfondo político.
La iniciativa para cambiar la ley fue presentada por Marisa López, exministra de Hacienda, la que planteó que se suspenda el artículo 4 de la ley 1.811 P, el cual crea ambos fondos y establece la administración por parte del Ejecutivo. Así, sostuvo que el porcentaje de las dos partidas (8 por ciento) se sume al resto de la masa coparticipable y se distribuya entre los municipios. De acuerdo a registros de la gestión uñaquista, el FEM estaba en el orden de los 250 millones de pesos, aunque otras fuentes hablan de 350 millones.
Tras la aprobación de la modificación, Orrego manifestó que "voy a considerar" el veto de la norma. Si eso sucede, la Constitución establece en su artículo 169 que el proyecto "vuelve con sus objeciones a la Cámara y, si esta insistiese en su sanción, con dos tercios de votos de los presentes, será ley y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación". Es decir, el uñaquismo, con sus 19 legisladores (peronistas, bloquistas y aliados), necesitaría contar cinco adhesiones más. El proyecto ayer contó con el apoyo de 24 diputados y alcanzó los dos tercios de la totalidad de la Cámara, entre los que se sumaron los giojistas, el legislador de Gramajo, Aranda y el libertario Fernando Patinela. Sin embargo, es un número justo para la oposición y se verá si el oficialismo decide avanzar con el veto y torcer algunas de las voluntades.
En sus discursos, López, al igual que exintendentes, entre otros diputados, sostuvieron que la crisis económica nacional y el ajuste encarado por el presidente Javier Milei conduce a que los jefes comunales necesiten más recursos de coparticipación para hacerle frente al pago de salarios y destinar plata a la contención social. En JxC, cuestionaron que el proyecto se presentara sin aviso y que se aprobara de forma tan veloz, lo que fue tildado de "irresponsable" por parte del presidente del bloque Producción y Trabajo, Juan Cruz Córdoba. Además, explicaron que, sin el FEM, el Gobernador se quedará sin una herramienta de asistencia para un departamento que sufra una contingencia climática (lluvias, inundaciones) o natural, como el terremoto que se vivió en enero de 2021.
> La mayoría del PJ le permitió cargos en dos organismos
El PJ uñaquista hizo valer ayer su mayoría con 19 diputados y se quedó con los puestos en el Consejo de la Magistratura y en el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM). En el primero de los organismos, la costumbre indicaba que le correspondía al oficialismo, pero el peronismo impuso a la diputada Fernanda Paredes. En el segundo, la ley 387 A señala que los vocales les tocan a la primera y segunda minoría. En ese sentido, a Producción y Trabajo y al Partido Bloquista. Sin embargo, en el uñaquismo destacaron que el Ejecutivo pondrá al presidente y vice del IPEEM y que, encima, iban a ubicar a un vocal, cuando el espíritu de la norma apuntaba a que en las vocalías estuvieran representadas las fuerzas de la oposición. El presidente de la Cámara, Fabián Martín, habló de un "desconocimiento" de la ley y reconoció que el gobernador Marcelo Orrego tiene la posibilidad de no designar al elegido por el PJ, debido a que no cumple con la normativa. La postura del uñaquismo condujo a críticas de los dos diputados giojistas, los que se apegaron al texto literal de la normativa. Por eso, no acompañaron a sus pares, al igual que otros dos diputados. El libertario Fernando Patinela reclamó el lugar como segunda minoría y había adelantado que judicializará el tema. Sí hubo acuerdo en los miembros del Tribunal de Cuentas y el PJ le reconoció a JxC el lugar como primera minoría.
Consejo de la Magistratura
IPEEM
Tribunal de Cuentas
