Los miembros de la Corte de Justicia contestaron el pedido de informes que inéditamente aprobó la Cámara de Diputados a fines de 2014 para pedirles explicaciones de los polémicas movidas de personal que hicieron recientemente. Todo fue porque en el máximo Tribunal ya es una costumbre designar ordenanzas sin concurso y después, en una suerte de engaño y por un simple acto interno, pasarlos al escalafón administrativo para que ocupen vacantes que sólo se pueden cubrir por concurso. El fundamento es que lo hicieron por pedido de la Unión Judicial, el gremio que nuclea a los empleados de Tribunales.
En el informe que presentó en Diputados, la Corte de Justicia consigna que en los últimos 3 años designó 94 ordenanzas y que de esa cantidad, 29 se vieron beneficiados con un reescalafonamiento al área administrativa. Y aclara que previamente pasaron por un curso que brindó la Escuela de Capacitación Judicial, lo que de ninguna manera es equivalente a un concurso abierto de antecedentes y oposición.
Al mismo tiempo, el máximo tribunal tiró la pelota para afuera. Dice que los reescalafonamientos los realizó por un pedido que le formuló el gremio en el 2011, aunque no aclara la razón de los que autorizó para personal que nombró con posterioridad a ese año.