El juez Sebastián Casanello ordenó inhibir los bienes de Jorge "Corcho" Rodríguez, en el marco de la investigación por la que vincula a Odebrecht con la construcción de la planta potabilizadora "Paraná de las Palmas". El magistrado busca reconstruir los sobreprecios y presuntos sobornos pagados durante la ejecución de la obra. Rodríguez está señalado como un "operador" a favor de la empresa brasileña y un "nexo" con los funcionarios argentinos, quienes habrían recibido las coimas investigadas.

 

Además, envió exhortos a Panamá y Uruguay para rastrear una serie de operaciones bancarias con empresas Off shore utilizadas para canalizar los presuntos sobornos: el Corcho habría recibido 11 millones de dólares.

 

El juez Casanello ordenó una medida cautelar sobre todos su bienes, sin alcanzar a su grupo familiar, sosteniendo en su resolución que el empresario podría estar "insolventándose" para resguardar su patrimonio de futuras medidas judiciales, confirmaron fuentes de la causa a Clarín. Con la decisión del magistrado se busca "evitar modificaciones direccionadas a lograr un estado de insolvencia".

 

En esta causa, a cargo del juez y el fiscal Federico Delgado, se investiga a Rodríguez por una serie de viajes con directivos de Odebrecht entre 2012 y 2013 cuando la constructora ya se había adjudicado la obra del soterramiento y tenía a su cargo la construcción de la planta potabilizadora Paraná de Las Palmas.

 

La Justicia busca determinar cuál era su llegada al ministerio de Planificación Federal y si efectivamente “intermediaba en el pago de sobornos a funcionarios nacionales”, señalaron fuentes judiciales.

 

Otro de los antecedentes de los vínculos con el gigante brasileño son los intercambios de e-mails de Raúl Biancuzzo, directivo de AySa, con los representantes de Odebrecht donde se investiga "el presunto pago de retorno". La sospecha es que las firmas involucradas habían pagado sobornos a funcionarios públicos, cuanto menos, entre los años 2007 y 2014.

 

Entre las sospechas que recaen sobre el Corcho Rodríguez, el juez Casanello también envió exhortos a Panamá requiriendo información sobre una serie de firmas off shore utilizadas para canalizar el pago de sobornos pagado por Odebrecht. Al menos unos 11 millones de dólares, entre 2012 y 2014 se depositaron en la cuenta de la firma uruguaya Sabrimol Trading, según informó La Nación. Por ello, también se envió un exhorto a Uruguay,para obtener información sobre dichas transacciones: 53 en 29 meses.

 

Entre las medidas adoptadas, el exhorto a Panamá incluye un pedido de información sobre la off shore Embry Investment SA,que pertenecería a Carlos Ben -ex director de Aysa-, y su familia. Se solicitó datos sobre la empresa y su composición accionaria.