En las primeras horas del martes pasado, vecinos de Rivadavia, Capital, Rawson y Santa Lucía comenzaron a llamar a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), denunciando que por las canillas de los domicilios salía, en algunos casos, "agua turbia con sabor y olor a cloro", en otros, "agua turbia y con muy mal olor", y también agua "con color, olor y sabor feo". La cantidad de llamados, casi 200, alertó al personal de la empresa, quienes tomaron cuenta de que las denuncias tenían correspondencia con una situación inusual ocurrida en la madrugada de ese día, en el Establecimiento Potabilizador Marquesado (EPM), el que abastece de servicio al 45 por ciento de la población provincial. La situación derivó en una investigación interna en OSSE, la que arrojó como resultado "malas acciones ejecutadas por operarios de la guardia nocturna". Esto es, "maniobras realizadas que afectaron la reserva grande de Marquesado". En la mira quedaron cuatro trabajadores, de los cuales tres fueron echados de la empresa: el capataz de guardia, Víctor Hugo Godoy; y los operarios Alejandro Bustos y Fabián Ovejero. Eso no fue lo único, ya que ayer el presidente de OSSE, Guillermo Sirerol, se presentó en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo de Iván Grassi, en donde expuso una presunta comisión del delito de envenenamiento o adulteración de agua potable destinada al consumo, lo que se castiga con tres a diez años de prisión y multa que va de entre los 10 mil a los 200 mil pesos.
Lo ocurrido y la denuncia fueron expuestos ayer en conferencia de prensa, donde Sirerol fue categórico sobre lo inusual de la situación, ya que manifestó que "nunca antes ocurrió algo similar en la historia de OSSE". Es que lo denunciado presentó una gravedad tal que en la presentación judicial se dejó en claro que "las maniobras perjudicaron la producción de agua tendiente a satisfacer la extraordinaria demanda de agua pronosticada por una fuerte ola de calor y provocaron un importante ingreso de barros a la red de agua potable, poniendo en peligro toda la provisión". Pese a eso, desde OSSE indicaron que "siempre garantizó que el agua esté bacteriológicamente apta para consumo porque se siguió con la cloración".
Por otro lado, el titular de OSSE dejó en claro que no se trató de un hecho circunstancial, por lo que apuntó los dardos a una situación en la que hubo intencionalidad. Incluso, dijo que "entendemos que esto no fue un error, por eso se tomó la medida de sanción laboral (despido) y la denuncia penal". Además, indicó que hubo una pérdida de confianza en las tareas a ejecutar y, por esos problemas, se procedió a la desvinculación. Para sostener ese planteo, Sirerol indicó que "una de las personas desvinculadas llevaba 40 años en la empresa y los otros dos tenían entre 7 a 8 años de antigüedad". Es decir, que se trató de personal con trayectoria y conocimiento claro de las tareas que tenían a su cargo.
Sobre las particularidades del episodio, en las primeras horas del martes 6, y por unas cinco horas seguidas, "se efectuó una apertura de una válvula, lo que ocasionó que el agua que tenía que ingresar para potabilización y que se tenía que reservar, saliera por otro conducto direccionándose a un desagüe". Ese mecanismo está previsto sólo en situaciones programadas, ya que se utiliza para limpiar la reserva, lo que ocurre una vez al año. La apertura de la válvula activó un segundo mecanismo, el que provocó que "ingresara barro a la reserva grande del EPM". Por esa situación, se vio afectada la red de casi todo el Gran San Juan.
¿Más hechos?
Si bien el presidente de OSSE desvinculó a tres operarios y realizó una denuncia penal por lo ocurrido el 6 de diciembre, no descartó que puedan existir más personas involucradas e, incluso, más días en los que puedan haber sido activadas válvulas que no estaban previstas.