Para lograr que las personas que tienen pensiones derivadas puedan obtener su jubilación, el Gobierno provincial les facilitará el dinero que les haga falta para completar sus aportes previsionales. Pero como se trata de un préstamo, el Ejecutivo quiere asegurarse el cobro y ayer consiguieron el OK de Anses para recuperar los recursos a través de un descuento de la futura jubilación de los beneficiarios. El paso es clave porque con el visto bueno del organismo nacional, se dispara el proceso para que aquellos que cuentan con pensiones derivadas (viudos y solteros imposibilitados de trabajar y que perciben el beneficio de alguno de sus padres fallecidos) puedan pedir el préstamo en la Caja de Acción Social para cubrir lo que les falta de contribución al régimen. Según estimó la diputada Amanda Días, colaboradora de la Dirección de Asesoramiento Previsional, en unos 100 días ya podrán estar cobrando como pasivos.
La ayuda que encaró la gestión giojista forma parte de un plan destinado a que los más necesitados puedan jubilarse. Y el mecanismo está dentro de un programa mucho más amplio que encaró el gobierno kirchnerista en 2006, a través de una moratoria para todos aquellos que no tuvieron los aportes para cobrar como pasivos (ver aparte).
El viernes, la directora de Asesoramiento Previsional, Adriana Pescara, y la diputada Díaz se reunieron con Edgardo Ruibal, el director General Administrativo Técnico de Anses, quien les manifestó que la provincia contará con el código de descuento, destacó la legisladora. Días señaló que la resolución del organismo saldría el lunes y que en la semana se firmaría el convenio con el gobernador José Luis Gioja. ¿Para qué sirve el código de descuento? Para que la Caja de Acción Social, encargada de prestarles el dinero a los viudos pueda tomar un porcentaje determinado del futuro haber jubilatorio.
De los 1.800 beneficiarios de pensiones derivadas, unos 1.430 son personas que perdieron a su cónyuge. Tras el acuerdo con Anses, los inscriptos deberán solicitar el préstamo en la Caja y pautar la cantidad de cuotas para su devolución. En total, lo que aportaría el Gobierno serían unos 12 millones de pesos y el promedio de la deuda de los interesados ronda los 10 mil pesos. El titular de la repartición, Guillermo Ruiz Álvarez, señaló que el tope máximo de financiación será de 36 cuotas, el interés será del 24 por ciento anual y que para garantizar el cobro del préstamo, la Caja contratará un seguro de vida (ver aparte).