La oposición retomó ayer la iniciativa y consiguió emitir un dictamen de nulidad del decreto 298 que establece el Fondo de Desendeudamiento Argentino (FODEAR) en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

El proyecto, que había conseguido en la reunión 19 de las 25 firmas necesarias para convertirse en un despacho de mayoría, busca un nuevo camino para dar con tierra con el DNU presidencial después de que el miércoles pasado naufragara el tratamiento del dictamen de la Bicameral de seguimiento de DNU. Eso ocurrió el miércoles al conocerse una resolución judicial que desconocía la composición de la referida comisión (modificada en el Senado en la primera sesión ordinaria de este año).

Ahora, el dictamen de nulidad todavía debe pasar por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas, que controla los bloques opositores incluidas sus respectivas presidencias. La oposición, por su parte, busca sentar antecedentes con el objeto de dar por tierra con el decreto en cuestión.

"Para nosotros la nulidad ya es tal dado lo aprobado (ayer en la madrugada) en el recinto con un agregado al dictamen de rechazo del decreto 2010 (de creación del Fondo del Bicentenario -FOBI-) que establece que todos los actos posteriores tengan el mismo objetivo", dijo el opositor Adrián Pérez.

En la madrugada de ayer, la oposición obtuvo un triunfo simbólico en Diputados, horas después de tropezar con su intención de declarar la nulidad del decreto que crea el FODEAR, al conseguir los votos para derogar el DNU que creaba el llamado FOBI, que ya había sido derogado por el gobierno nacional el 1 de marzo.

La votación, a minutos de las 4 de madrugada, arrojó 131 votos por la nulidad (de la oposición) y 52 abstenciones (del oficialismo). La idea de la oposición fue sentar precedente jurídico para que, al establecer la nulidad del referido decreto 2010 (FOBI), ir después por el 298 que establece el FODEAR, con el que el Gobierno sustituyó al FOBI para pagar la deuda con reservas del Banco Central.

La titular del bloque de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien fogoneó el tratamiento de este decreto, argumentó que, pese a haber sido derogado, el tema se podía abordar porque "hay responsabilidades políticas y penales pendientes" que se deben definir.