"No se va a discontinuar el plan de erradicaciones de villas, pero no vamos a tener en cuenta a las villas que tienen 2 ó 3 años de antigüedad. Lo quiero dejar claro, no nos vamos a dejar apretar", dijo ayer tajante y molesto José Luis Gioja, sobre las usurpaciones de terrenos que han resurgido últimamente en reclamo de viviendas. "Sabiendo de la erradicación se meten en un terreno ajeno para tener una casa, y lo hemos dicho mil veces, ese no es el mecanismo", agregó el gobernador.
Así las cosas, remarcó nuevamente la política oficial de no aceptar "apuradas" para definir los planes de vivienda, y por primera vez le puso un coto concreto a quiénes va dirigido el mensaje: los que acaban de armar un asentamiento en los últimos años, bajo la presunción oficial que lo hacen para especular con que el IPV les dará una solución inmediata.
La crítica de Gioja se dio cuando un grupo de unas 30 familias está desde el miércoles instalada ilegalmente en un terreno privado ubicado en Benavidez y Necochea, Chimbas, en reclamo de un techo propio (ver foto). "Esta gente está buscando sacar una ventaja con avivadas y nosotros no le vamos a prestar atención, hay tipos que promueven las usurpaciones, creen que así van a obtener algo", lanzó, ácido, el gobernador. Esto último, porque más allá de este caso concreto, el gobernador reveló que se han dado otras usurpaciones recientes, también en Chimbas, en Rawson y Santa Lucía. "Son pocas familias, algunas ya se han ido cuando se les explicó que no pueden estar ahí pero hay otras que siguen usurpando", analizó el mandatario.
Oficialmente interpretan que al ritmo del IPV, que con la gestión giojista por primera vez en décadas están construyendo casas para la gente y muestra movimiento de planes habitacionales, se encienden las protestas y las presiones con usurpaciones o piquetes, ambos métodos rechazados por el gobierno. "Son tan vivos que ponen adelante a las mujeres y niños, usándolos", dijo Gioja, ácido.
"Hay gente decente que está esperando, y por respeto a ellos, no vamos a dar el brazo a torcer", señaló el gobernador, ratificando la continuidad del plan de erradicación de villas, que se inició en 2005 y que concentró toda la atención gubernamental en los primeros cuatro años de gestión G. Ahora, la política de viviendas se ha volcado más hacia los sectores de clase media y a fines de diciembre se entregó el primero de casi 30 barrios que conforman la operatoria de 2.271 casas sorteadas en septiembre del año pasado, correspondientes al Plan Federal II.
"Vamos a actuar con toda la rigurosidad de la ley, cuando hay alguna denuncia y la Justicia lo diga, vamos a desalojar", remató Gioja, sobre la contraofensiva oficial ante las usurpaciones de terrenos, sobre todo los estatales. De estos últimos, a la mayoría de los que quedaron desocupados por el traslado de las villas, pese a que pasaron años, aún el Gobierno no se les ha dado uso y por eso son una tentación para los ocupantes ilegales.