“No lo hemos analizado, pero eso no quita que lo analicemos más adelante”. El gobernador José Luis Gioja abrió así la posibilidad de revisar la ley que impone una multa para que los que no cumplan con la obligación de ir a votar sin ninguna justificación, aunque no está en los planes en el corto plazo. La norma fue sancionada hace más de dos décadas, la sanción que fija es en australes -moneda que salió de circulación hace años- y nunca hubo una iniciativa política para actualizarla, por lo que hoy es inviable en la práctica. En Diputados tampoco descartaron modificarla, pero no hay ningún proyecto en vista.
La imposibilidad de aplicar la sanción, que data de 1987, queda sobre el tapete cada vez que hay una cita electoral. Este año, además, hay datos sobre la participación ciudadana que llevan a la reflexión. En la consulta popular del 8 de mayo sufragó el 64,2 por ciento de los empadronados -la segunda asistencia más baja desde el regreso de la democracia- y en una encuesta del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS) que fue publicada esta semana por DIARIO DE CUYO, sólo el 68,7 por ciento de los consultados afirmó que pasará por el cuarto oscuro.
No sólo la ley provincial no se ejecuta por haberse convertido en obsoleta. A nivel nacional, el castigo pecuniario está en pesos argentinos. Y en más de una oportunidad, el Gobierno de turno decretó una amnistía para los infractores (ver aparte).
Eduardo Quattropani, del Tribunal Electoral de la provincia, opinó que, más allá de la nueva ley de internas abiertas, en la Nación y las provincias “las normas que hacen al sistema político y electoral han quedado absolutamente desactualizadas”. Entre ellas, incluyó la que fija la sanción a los que sin motivo no cumplen con su deber cívico y aseguró que “es hora de meter mano”.
Ante una consulta de este diario, Gioja no descartó rediscutir a futuro el castigo y afirmó que si algún diputado toma la iniciativa, “la vamos a analizar”. Según dijo, la clave pasa por analizar una mejor forma de aplicar la ley “para generar conciencia, porque es una burocracia complicada cobrar”. Entre las alternativas, habló de imponerles limitaciones para hacer trámites en el Estado a los que no van a votar.
El carácter obligatorio del voto lo fija el Código Electoral de la provincia y el deber del Estado es tomar medidas para que se cumpla. Además del Ejecutivo, la facultad de impulsar una iniciativa con el objetivo de persuadir a la gente es de la Cámara de Diputados. Ayer, desde los dos bloques mayoritarios dijeron que hay que debatir una actualización de la ley, pero no tienen ningún proyecto.
El presidente de la bancada oficialista, Víctor Doña, contó que “simplemente hemos tenido una conversación sobre que la ley merecería ser actualizada y debatida, pero no hay un proyecto presentado”. Dijo que “probablemente lo hagamos, pero no en el corto plazo”.
La basualdista Lucía Sánchez le apuntó a la gestión giojista. Sostuvo que no hace falta una ley para adaptar el monto de la multa a la moneda vigente, porque “lo puede hacer el Ejecutivo por decreto”. La legisladora aseguró que si ganan en octubre, van a impulsar un cambio.
El presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, el justicialista Víctor Muñoz Carpino, sostuvo que “no hemos puesto en énfasis en hacer una modificación”. Dijo que si lo hacen, habrá que “analizarlo muy bien, porque por tener una nota periodística no podemos presentar un proyecto sin estudiarlo”.