El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, dijo ayer que desconocía la existencia de un expediente que advertía sobre la existencia de fallas en el sistema eléctrico en Agrimensura, el área donde el 8 de enero pasado falleció un estudiante por una descarga eléctrica, según dijeron ayer fuentes judiciales.
Fue durante la declaración testimonial que el funcionario universitario prestó durante casi 3 horas en la Secretaría Penal Nro. 5 del Juzgado Federal que depende del juez Leopoldo Rago Gallo.
Nasisi fue citado en el marco de la causa caratulada "Actuaciones investigativas por fallecimiento de Fernando Ernesto Reinoso Fernández c/autores desconocidos". Es el caso del joven que murió por un shock eléctrico mientras realizaba una práctica en Ingeniería. Y que motivó que se iniciara primero una causa en el Quinto Juzgado Correccional a cargo del juez Juan Carlos Caballero, pero que se declaró incompetente y la pasó a la Justicia Federal porque la muerte ocurrió en un ámbito con jurisdicción nacional. Entonces intervino Rago Gallo, quien entre las primeras medidas ordenó que se les tomara declaración testimonial, es decir que no están imputados de haber cometido ningún delito sino que deben responder sobre los temas que conocen respecto a los hechos, a Nasisi, al rector Benjamín Kuchen y al secretario de Obras de la casa de estudios, Guillermo Cotto. Kuchen estaba citado para el viernes pasado, pero se reprogramó la audiencia para los próximos días, aunque todavía no hay fecha precisa.
Según dijeron las fuentes, Nasisi fue interrogado sobre un expediente iniciado el 3 de agosto de 2009, tras realizarse en el departamento de Agrimensura un relevamiento en las instalaciones eléctricas. Ese informe, ordenado por el director del Departamento de Agrimensura, Hernán Alvis Rojas, reveló 6 meses antes de que ocurriera la muerte del estudiante que había serios problemas con el sistema eléctrico. Pero ni las autoridades de la facultad ni en el Rectorado se habrían tomado las medidas para solucionar los inconvenientes.
Sobre ese informe, que es clave en la investigación, el juez Rago Gallo dijo en conferencia de prensa que "es una prueba documental que demuestra que evidentemente irregularidades habían". Y agregó que "el fiscal ha pedido que se investigue sin imputar o endilgar el hecho a nadie. Así es que se está investigando en esos términos".
Los delitos que se están investigando son por infracción al artículo 84 del Código Penal, que castiga al que por imprudencia, negligencia o impericia cause a otro la muerte. Tiene una pena de prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por 5 a 10 años. Los otros 2 delitos son abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo. En la práctica significa que de ser encontrado alguien culpable, no habrá pena de prisión de cumplimiento efectivo. Al menos por estos delitos.
Por la parte querellante, el abogado de la familia Reinoso, Leopoldo Fachinelli, dijo que "con el informe quedó demostrado que había problemas y no hicieron nada. Deberían haber cerrado la facultad, pero se siguió dictando clases. Y recién después de una muerte apareció el presupuesto para hacer los arreglos".