Será una parte importante dentro de un proceso penal, enmarcado dentro de delitos de competencia federal. No sólo atenderá a las víctimas dándole apoyo, contención y asesoramiento sino que además las representará en el juicio, como querellante, todo de forma gratuita. Esa será la función del Defensor Público de Víctimas en San Juan, cargo que salió a cubrir la Defensoría General de la Nación a través de un llamado a concurso.
La iniciativa viene a dar respuesta a una demanda de la sociedad y a cumplir con una ley impulsada por el macrismo, promulgada hace un mes. Fuera de la herramienta que cumplirá, se espera que el cargo llame la atención local por la importancia que enviste el puesto. La vacante está abierta y el periodo de inscripción comenzará el próximo 11 de septiembre y durará diez días. Al igual que ocurre para otros puestos de competencia federal, la Defensoría General conformará un jurado para seleccionar la terna de postulantes que luego enviará al Ejecutivo nacional para la elección final. Si bien no hay una fecha de elección del nuevo funcionario, se espera que ocurra antes de fin de año.
Según un comunicado dado a conocer por el órgano nacional, los requisitos para competir por el puesto es ser argentino, tener 25 años de edad y contar con cuatro años de ejercicio efectivo en el país de la abogacía en el ámbito público o privado, o de cumplimiento, por igual término, de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, con por lo menos cuatro años de antigüedad en el título de abogado.
Las causas de competencia federal son delitos de alto impacto social porque en ellos están comprendidos los de lesa humanidad, la trata de personas, el narcotráfico y los secuestros, entre otros. En esos casos las víctimas suelen sufrir trastornos psicológicos y pueden necesitar asistencia profesional. Según explicaron fuentes especializadas, el protector de víctimas viene a cumplir un rol similar al del defensor oficial. Para los procesos penales federales, el defensor del Estado asiste a los imputados en la causa si estos no cuentan con recursos económicos para solventar un abogado.
Para el caso del defensor de víctimas, además de auxiliar a los perjudicados en la causa, los representará en el juicio para que sean querellantes (parte del proceso, donde pueden aportar pruebas, examinar documentos y ser informados sobre el estado del proceso y la situación del imputado), todo de forma gratuita. A nivel local existe una ley similar a la de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos, pero nunca fue reglamentada. El Ejecutivo busca hacerlo este año (Ver Recuadro).
Garavano aseguró asistencia para el programa
En los primeros días de julio, todos los ministros de Justicia del país junto la autoridad máxima a nivel nacional, Germán Garavano, se reunieron en San Juan.
En ese encuentro el ministro de Macri aseguró que habrá recursos para el programa y les pidió a los funcionarios provinciales que adhirieran a la ley nacional y promovieran en cada distrito un sistema de asistencia a las víctimas.
Desde el 2000 que San Juan tiene una ley sancionada, pero hasta el momento nunca se puso en marcha. Según explicó la secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos local, Fabiola Aubone, la gestión uñaquista ya ha puesto la mira en el tema y están trabajando para que arranque antes que finalice el año.