Fuentes de la Justicia Federal dijeron que de las declaraciones del rector Benjamín Kuchen, quien tuvo que brindar ayer declaración testimonial, surgieron las serias deficiencias del sumario administrativo que se lleva adelante en la Universidad Nacional de San Juan para determinar las responsabilidades de los funcionarios de la casa de estudios que tuvieron que ver con la muerte del estudiante Fernando Reynoso, en marzo último. Esa situación causó molestia en el Juzgado que conduce Leopoldo Rago Gallo, dijeron las fuentes.

Kuchen asistió ayer a prestar declaración testimonial en la causa caratulada "Actuaciones investigativas por fallecimiento de Fernando Ernesto Reynoso Fernández c/autores desconocidos". Es el caso del joven que murió por un shock eléctrico mientras realizaba una práctica en Ingeniería el 8 de marzo pasado (ver Cronología).

Esta tragedia motivó que se iniciara primero una causa en el Quinto Juzgado Correccional a cargo del juez Juan Carlos Caballero, pero este se declaró incompetente y el caso pasó a la Justicia Federal porque la muerte ocurrió en un ámbito con jurisdicción nacional. Entonces intervino Rago Gallo, quien entre las primeras medidas ordenó que se les tomara declaración testimonial, es decir que no están imputados en esta instancia de haber cometido ningún delito sino que deben responder sobre los temas que conocen respecto a los hechos, al decano de Ingeniería, Oscar Nasisi, al rector Kuchen y al secretario de Obras de la UNSJ, Guillermo Cotto.

Kuchen estaba convocado para el viernes 11, pero se reprogramó y finalmente fue ayer, completando la nómina de funcionarios universitarios citados a dar su testimonio. No se conocieron detalles de la audiencia pero sí quedó la impresión para el personal judicial que internamente en la UNSJ no se han dado pasos importantes para delimitar culpas y más bien están supeditándose estas acciones a lo que decida la Justicia, aseguraron las fuentes calificadas.

Por otro lado, según dijeron oportunamente las fuentes, Nasisi fue interrogado sobre un expediente iniciado el 3 de agosto de 2009, tras realizarse en el departamento de Agrimensura un relevamiento en las instalaciones eléctricas. Ese informe, ordenado por el director del Departamento de Agrimensura, Hernán Alvis Rojas, reveló 6 meses antes de que ocurriera la muerte del estudiante que había serios problemas con el sistema eléctrico. Pero ni las autoridades de la facultad ni en el Rectorado se habrían tomado las medidas para solucionar los inconvenientes.

Sobre ese informe, que es clave en la investigación, el juez Rago Gallo dijo en conferencia de prensa que "es una prueba documental que demuestra que evidentemente irregularidades habían". Y agregó que "el fiscal ha pedido que se investigue sin imputar o endilgar el hecho a nadie. Así es que se está investigando en esos términos".

Los delitos que se están investigando son por infracción al artículo 84 del Código Penal, que castiga al que por imprudencia, negligencia o impericia cause a otro la muerte. Tiene una pena de prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial por 5 a 10 años. Los otros dos delitos son abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de prisión de 1 mes a 2 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo. En la práctica significa que de ser encontrado alguien culpable, no habrá pena de prisión de cumplimiento efectivo. Al menos, por estos delitos.