Las audiencias del megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar se reanudarán el martes 5 de febrero, a las 9, según confirmaron ayer fuentes del Tribunal Oral Federal de San Juan. Y aunque en la lista oficial de testigos todavía quedan 200 personas por prestar su declaración testimonial, la intención es concluir el proceso a mediados de este año.

El apuro es porque el propósito en la Justicia Federal es comenzar otro proceso por nuevos hechos que ha seguido investigado el juez federal Leopoldo Rago Gallo, pero las audiencias no podrán comenzar hasta que concluya el megajuicio en marcha.

Al inicio del juicio oral y público se había previsto una lista que contenía unos 300 testigos, pero el número ha ido variando por razones de salud, algunos, y otros porque Fiscalía, las querellas y la Defensa de los imputados han desistido de algunas testimoniales.

Los acusados son Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Daniel Rolando Gómez, Horacio Julio Nieto, Alejandro Lazo, Gustavo De Marchi y Juan Francisco Del Torchio. Éste fue el último militar retirado en ser incorporado al proceso, en una decisión tomada por el Tribunal Oral presidido por Eduardo Cortés, en julio del año pasado. Aunque hay otro militar retirado que fue detenido en diciembre, Eduardo Daniel Cardozo, fuentes judiciales estimaron que no será incorporado al juicio por lo avanzado del trámite.

Los delitos analizados son privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, asociación ilícita, tormentos agravados y desaparición de personas. Se trata de situaciones graves por las que los acusados podrían llegar a recibir condenas de prisión o reclusión de 8 a 25 años y de inhabilitación absoluta y perpetua, por ejemplo, por haber sometido a distintas clases de torturas a personas privadas de su libertad y que, para peor, ni siguiera se podían defender porque estaban atadas y encapuchadas.

En el transcurso de las audiencias se han ido analizando 4 causas. La primera fue Carvajal, un joven que murió en el Penal de Chimbas producto de las torturas a las que fue sometido. La segunda fue Camus, la actual jueza de Ejecución Penal, nieta del exgobernador peronista Eloy Camus, que fue apresada en el RIM 22 y luego torturada en el Penal de Chimbas. La tercera es Erize, el caso de la joven franco-argentina que fue secuestrada en la vereda de una bicicletería en Trinidad y que nunca más apareció.

Ahora la que se está analizando es la llamada causa Bustos. Hugo Ricardo Bustos es un arquitecto que cuando ocurrió el golpe militar, en marzo del ‘76, era secretario de Bienestar Universitario de la UNSJ y que fue torturado en el Penal de Chimbas. En esta causa están acumulados los casos de reconocidas figuras políticas como el gobernador José Luis Gioja, quien ya prestó declaración testimonial, el cortista José Abel Soria Vega y el gremialista Enrique Faraldo, entre otros.