Ayudar a evitar que los acusados los intimiden, contribuir para que el trauma de lo que sufrieron los deje hablar y eludirle al miedo de tener que revivir los fuertes momentos que pasaron serán tareas que un equipo de profesionales, integrado por psicólogos y asistentes sociales del Gobierno provincial, prestará a las víctimas del próximo megajuicio de lesa humanidad, previsto inicialmente para febrero del año próximo.
A diferencia de lo que ocurrió en el anterior proceso, cuando un grupo de psicólogos, coordinado por Luis Alberto Azócar, trabajó ad honorem y con el respaldo sobre todo de los organismos de derechos humanos, la intención ahora en la Subsecretaría de Derecho Humanos de San Juan, que está a cargo de Jorge Rodríguez, es formar un equipo técnico de entre 10 a 12 profesionales que ya están trabajando en el Estado y que serán afectados a estas nuevas funciones. Para eso trabajan en la redacción de un acuerdo con el Ministerio de Salud, con la idea de empezar con la tarea en octubre.
La asistencia a las víctimas, que según cálculos iniciales podrían ascender a unas 500, será previo al inicio de los debates, durante el proceso y con posterioridad, dijo Rodríguez. Se trata de situaciones complejas, porque para muchos significa revivir momentos muy dolorosos en los que fueron torturados, vejados y hasta simularon matarlos para infundirles terror y que revelaran datos o hasta que delataran a sus amigos de militancia.
En la preparación de los profesionales que darán la contención habrá colaboración del Centro Ulloa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que brinda asistencia integral, contención y orientación a las personas que fueron víctimas del terrorismo de estado.
La idea de que sean profesionales que ya trabajan en el Estado, y que serán desafectados de sus funciones para pasar a cumplir estas nuevas tareas, es evitar contratar más personal y sólo utilizar los que ya están dentro de la estructura oficial.
Por la tensión en los testimonios, en el anterior megajuicio había casos en los que los psicólogos estaban autorizados incluso a sentarse junto a las víctimas durante sus declaraciones.