El Ministerio Público Fiscal, que tiene en manos la acusación, y Fiscalía de Estado, que representa a la provincia en la megacausa de las expropiaciones, lanzaron fuertes críticas contra dos defensores de peritos, los que están imputados de ser parte de una presunta asociación ilícita dedicada a inflar los valores de los terreno que el Estado expropiaba. Los cuestionamientos se dieron porque los abogados de Víctor Bustos y Juan Pablo Quiroga solicitaron que se les otorgue la suspensión de juicio a prueba, es decir, que puedan eludir el juicio a cambio de mantener pautas de conducta y realizar tareas comunitarias durante un determinado tiempo, sumado a que deben ofrecer una suma simbólica de dinero. Por ejemplo, el segundo ofreció 300 mil pesos, mientras que el primero no indicó monto. El fiscal Daniel Galvani indicó que dicho beneficio no puede prosperar porque "el pedido fue realizado fuera de término" y es inaplicable para aquellos profesionales que son considerados funcionarios públicos. Además, destacó que el delito en la mira es "en perjuicio de la administración pública", el que "ha producido una conmoción social", bajo una "delincuencia organizada". Por su parte, Rubén Pontoriero, fue más duro al expresar que "las defensas tuvieron más de un año para plantear la probation y no lo hicieron. Esperaron hasta último momento y hoy, abusando del proceso, están planteando esto a los efectos de crear un cisma dentro del juicio, que no se debe permitir bajo ninguna situación". Así, solicitaron el rechazo, lo que deberá ser resuelto mañana por el tribunal.
Los cuestionamientos se dieron ayer, tras la finalización de la lectura de la acusación fiscal y se dio paso a tratar planteos preliminares a la apertura del debate. Entre esos puntos se encontraban acciones que realizaron las defensas de Quiroga y Bustos, quienes, a través de sus abogados Nasser Uzair y Raúl Slavutzky, habían solicitado la probation. A pedido de Galvani, quedó expuesto que los planteos se realizaron luego de que los imputados fueran notificados de la fecha de inicio del juicio, por lo que, según indicó el fiscal, ocurrieron fuera del término que establece el Código Procesal Penal.
Así, Pontoriero indicó que "es absolutamente improcedente y el tribunal no debería haberle dado trámite". Además, dijo que "es imposible" su aplicación "cuando estamos tratando una causa de megacorrupción al Estado, donde ha tocado al Poder Ejecutivo y al Judicial.
Ante una eventual negativa, las defensas de los imputados abrieron la puerta para concurrir a la Corte de Justicia para que habilite el beneficio.