La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) le comunicó a la Corte de Justicia que el ministro Ángel Humberto Medina Palá comenzará a cobrar como jubilado a partir del 1 de diciembre. Su último día laboral será el viernes 29 de noviembre y marcará la partida del último integrante de la vieja guardia del máximo tribunal, la cual fue catalogada como la responsable del atraso por más de 20 años en el servicio de justicia. Hasta la salida se abre un período de casi un mes y medio en el que se aguardan las designaciones de otros dos miembros que cubran las vacantes de Adolfo Caballero y Abel Soria Vega. Si en ese lapso no se nombraran los reemplazantes, el funcionamiento de la Corte corre el riesgo de verse resentido, ya que estarán el presidente Guillermo De Sanctis y Adriana García Nieto, quienes deberán convocar a un camarista para emitir fallos y resoluciones internas. Y a todo ello se suma que el primero tiene previsto para la última semana de noviembre una cirugía por un problema en su columna.
Medina Palá había presentado su renuncia el 6 de agosto para jubilarse con el 82 por ciento móvil, la cual estaba condicionada a que el organismo previsional comenzara a liquidarle como pasivo. En ese entonces se calculaba que la resolución iba a salir en diciembre y ayer De Sanctis confirmó la notificación de la Anses. El ministro saliente había cumplido en mayo 25 años en la Corte y el concurso para cubrir su vacante se disparará el año que viene.
En el medio se está llevando adelante el mecanismo de reemplazo de los lugares que dejaron libres Caballero y Soria Vega. En el concurso por los dos cargos se anotaron 21 postulantes, de los cuales, 11 serán entrevistados el miércoles por los integrantes del Consejo de la Magistratura y dos días después será el turno de los 10 restantes. El organismo es el encargado de armar las ternas y, según las fuentes, está previsto que estén listas la semana siguiente a las entrevistas.
Medina Palá cumplió 25 años en la Corte. Había presentado la renuncia en agosto.
Los dos listados de tres candidatos cada uno serán enviados a la Cámara de Diputados, en donde los legisladores de la Comisión de Justicia entrevistarán a los ternados para que luego, en sesión ordinaria, se seleccione a los nuevos cortistas. Según fuentes oficiales, ese último proceso está previsto para noviembre, el último mes de actividad legislativa.
El dato no es menor, ya que los reemplazantes se integrarían al máximo tribunal cuando se concrete la partida de Medina Palá o apenas unos días después. Y los ingresos serán clave teniendo en cuenta que De Sanctis planea operarse de la columna en la última semana de noviembre.
Si no se produjera el recambio a tiempo, sólo quedaría García Nieto y es necesaria la presencia de tres miembros para sacar sentencias y resoluciones internas. Si se diera ese escenario, en la Corte tendrían que convocar a jueces camaristas para intervenir en esos fallos.
La partida de Medina Palá es la última de la vieja conformación del máximo tribunal. La renovación comenzó en 2016, cuando Carlos Balaguer, que había asumido en 1994, dejó su cargo el último día de octubre al ser beneficiado con la jubilación. En su lugar ingresó De Sanctis. En diciembre de 2017 fue el turno de Juan Carlos Caballero Vidal, que había llegado al cargo en 1995, en el gobierno de Jorge Escobar. El cortista se vio obligado a renunciar tras un pedido de juicio político en su contra por la investigación por su presunta vinculación en delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. En noviembre de 2018 se fue Caballero y un mes más tarde Soria Vega.
> Descenso en las inscripciones
El concurso para cubrir los dos cargos vacantes en la Corte reflejó un descenso en el número de inscriptos. En total fueron 21, mientras que en el procedimiento para reemplazar a Carlos Balaguer se habían anotado 40. En cuanto al concurso por Juan Carlos Caballero Vidal, los interesados fueron 28.
> La Corte Suprema falló contra Ana María
Por mayoría, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que le había hecho lugar al reclamo de Guillermo De Sanctis, quien había demandado a Ana María López por declaraciones lesivas a su honor cuando estuvo a punto de asumir como ministro de Educación en 2007.