La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció las medidas y procedimientos de prevención que deben cumplir despachantes de aduana y también aquellos profesionales de ciencias económicas para prevenir, detectar y reportar posibles casos de lavado de activos o bien financiación del terrorismo.
Estas iniciativas fueron promovidas por la UIF -un organismo autárquico a cargo de José Sbatella y que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia- a través de las resoluciones 63 y 65, publicadas ayer en el Boletín Oficial, con las cuales se busca atacar el ‘encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo‘.
La finalidad de la instrucción dictada por la UIF tiene por objeto que desde el ámbito privado se analice ‘las operaciones registradas para detectar eventuales operaciones sospechosas‘ y también ‘formular los reportes‘ y ‘llevar un registro de operaciones‘.
A través de la resolución 70, dicha unidad además aprobó el denominado ‘Sistema de Reporte de Operaciones‘, que será publicado en la página web de la UIF, y que deberán emplear ‘los sujetos obligados a presentar reportes sistemáticos‘ de operaciones sospechosas. Allí, a partir de mañana los escribanos públicos deberán informar hasta el día 15 de cada mes aquellas operaciones superiores a 350 mil pesos, la constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada, y cesión de participaciones societarias.
También deberán cursar información a la UIF sobre la constitución de fideicomisos y de aquellas operaciones de compraventa de inmuebles superiores a 500 mil pesos.
Según el manual de la mencionada unidad, desde el miércoles próximo las personas jurídicas que reciban donaciones definidas como sujetos obligados deberán informar aquellas sesiones superiores a los 100 mil pesos o su equivalente, y las donaciones fraccionadas en varios actos que en conjunto superen esta cifra.