Pasaron 10 años desde que un grupo de ocho concejales de Rivadavia fue denunciado por el manejo discrecional de fondos para ayudas sociales y aún, la causa no tiene resolución. Cuando todo estaba listo para fijar la fecha definitiva de juicio, cuatro de los ex ediles presentaron la semana pasada un recurso ante la Corte de Justicia pidiendo que se extinga el proceso. Los delitos que se investigan prescriben en junio del año que viene y en Tribunales interpretan que el nuevo planteo busca demorar el trámite, para que el caso quede sin resolverse.

Los recursos fueron presentados por los abogados defensores de los ex ediles Oscar Ruz, Lidia Díaz, Carlos Reinoso y Juana Guerrro y coinciden en el fundamento. Sostienen que se debe declarar la extinción de la acción penal, porque a sus clientes les violaron el derecho de ser juzgados dentro de un plazo razonable. Además, plantean que los delitos que les imputan, falsificación de documento equiparado a público y fraude contra la administración pública, ya prescribieron.

El mismo planteo habían hecho ante la Sala III de la Cámara Penal que debe hacer el juicio oral y público y como fue rechazado, ahora buscan causar efecto en el máximo tribunal de la provincia. Por lo bajo, en Tribunales se quejaron: sostienen que el recurso es una traba que busca que llegue la fecha de prescripción, para que todo pase a archivo.

El abogado defensor de Lidia Díaz, negó que se trate de una estrategia para ganar tiempo. Según el profesional, “los delitos están prescriptos y se ha superado cualquier plazo razonable para resolver la situación de una persona”. Además, aseguró que desde que se realizó la denuncia, ha pasado el doble de tiempo que la pena que se impone por los delitos en juego.

En la causa hay cuatro procesados más: Nicolás Tejada, Isidro Díaz, Cristóbal Liuzzi y José Orlando Páez. El abogado de éste último, Javier Cámpora, adelantó que hará el mismo planteo que sus colegas ante la Corte de Justicia, luego de que le rechazaran un pedido de probation para su cliente (ver aparte).

Los acusados fueron concejales de Rivadavia en el periodo donde Gobernaba la Alianza la provincia y fueron procesados en julio del 2003, sospechados de haber cometido manejos fraudulentos con las planillas de ayudas sociales que cada uno manejaba para repartir fondos a personas de escasos recursos del departamento. Y el pedido de elevación de la causa a juicio data de noviembre del 2005, pero todavía no hay fecha definitiva para el inicio del debate.

El plazo límite es el 29 de junio del año que viene. Ese día opera la prescripción de los delitos que se les imputan a los ex funcionarios y si la causa no tiene resolución antes de esa fecha, todo quedará en la nada.