Luego de 14 años, la causa penal contra el exintendente Jorge Agapito Gil sigue sumando demoras y a pesar de que se había fijado fecha de juicio para fines de septiembre, el proceso pasará para el 2013, señalaron fuentes calificadas. La razón principal, dicen en el Poder Judicial, es que la Sala III de la Cámara Penal, que llevará a cabo el debate, está esperando que la Corte de Justicia resuelva un planteo que realizó uno de los abogados defensores sobre una de las pruebas de la causa. A lo que sumaron que, en lo que queda del año, el tribunal tiene causas de envergadura que resolver. El retraso implica una luz de alerta, porque la causa prescribe el 9 de septiembre de 2013, según confirmaron las fuentes.

En Tribunales señalaron que la Sala está trabajando en comenzar el juicio, antes de que termine el año, contra los 8 exconcejales de Rivadavia, causa que también prescribe el año que viene. Y además, en atender los casos con personas detenidas.

Gil está acusado de fraude a la administración pública por la sospecha de haber pagado trabajos que nunca se realizaron en el municipio, allá por 1998. En la misma causa está involucrado Alfredo Ortíz, quien en esa época fue jefe de Patrimonio y luego intendente de Ullum. Si bien el delito por el que se los juzga es excarcelable, en el caso de una hipotética condena quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos. Actualmente Gil es secretario del bloque del Frente para la Victoria de la Cámara de Diputados. Y Ortiz está al frente de la Unidad de Coordinación de Bosques Nativos, que depende de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas.

La Sala III había fijado la fecha de juicio para el 27 de septiembre, pero la audiencia se postergó porque ese día hubo alegatos en un caso de homicidio. Por otro lado, el abogado Rubén Pontoriero planteó la nulidad de una resolución del Tribunal de Cuentas que estableció la responsabilidad administrativa de los funcionarios. El letrado señaló que la culpabilidad sólo puede ser sancionada por la Justicia, que ofrece las garantías de defensa en el proceso. El recurso está siendo analizado por la Corte de Justicia y la Sala debe esperar esa resolución para decidir si incorpora o no esa prueba. Además, con la agenda puesta en el juicio a los exconcejales de Rivadavia y las causas con detenidos, la nueva fecha de debate se perfila para el año que viene.

La acusación gira en torno un fraude cometido con la facturación de servicios al municipio. Según el expediente, además de Gil y Ortíz también está en la mira Pedro Bravo, el encargado de compras; Mario Serrano, quien habría certificados trabajos que no se realizaron; y María Esther Reinoso, la tesorera.