Tal cual lo había adelantado DIARIO DE CUYO, el presidente del Colegio de Magistrados, Roberto Pagés, presentó ayer un pedido de licencia en sus funciones hasta diciembre, fecha en la que concluye su mandato, y la Comisión Directiva decidió concedérsela. Tras la resolución, el vice Gustavo Almirón quedó a cargo de la institución hasta completar la gestión. El alejamiento de Pagés se produce en medio de un clima en el que reinaban las críticas de algunos integrantes de la entidad, que venían advirtiendo que debería haber dado un paso al costado hasta que se resuelva su situación en la causa de las expropiaciones, en el que está en la mira de Fiscalía de Estado, para que la institución no quedara salpicada por el escándalo.
En ese escenario, se desencadenaron una serie de renuncias en el Colegio que pusieron en riesgo el desenvolvimiento de la conducción y representó una señal de aislamiento hacia el actual camarista civil. Fuentes calificadas destacaron que la licencia sirve para descomprimir la situación y que no se vislumbran más dimisiones. El reemplazante de Pagés es el juez Almirón (ver perfil). Ambos mantienen una buena relación, pero tras el revuelo en el seno de la institución se vieron algo distanciados.
Antes de las 18, Pagés llegó a la sede del Colegio, permaneció cerca de 10 minutos, presentó el pedido y se retiró (ver aparte). Las fuentes explicaron que uno de los motivos del planteo, y a la vez, el de mayor peso, fue su mención en la causa de expropiaciones y las diferencias que se generaron por ese tema entre sus colegas sobre si debía seguir o alejarse temporalmente. El magistrado había manifestado que los 4 años al frente de la institución habían sido “más que suficientes” y que ahora desea dedicarse de lleno a temas académicos. En ese sentido, aseguró que no volverá a postularse.
En el escándalo de las expropiaciones, el camarista está bajo la lupa de Fiscalía de Estado. La gestión giojista impulsó una denuncia para que se investigue si existió una red de jueces, abogados, funcionarios y empleados que estafaron al Estado inflando el valor de los terrenos que expropiaba, lo que condujo a que la provincia pagara cifras millonarias. La causa se encuentra en sede penal y la Justicia está indagando a 10 sospechosos, entre los que se encuentra la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio, del Primero Civil, quien se jubiló para eludir un Jury de Enjuiciamiento. El segundo magistrado involucrado y que está enfrentando una denuncia que apunta a removerlo de su cargo es Carlos Macchi, del Quinto Civil. Y si bien todavía no hay una acusación formal sobre el desempeño de Pagés mientras estuvo al frente del Cuarto Civil, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, ha señalado que en ese tribunal se han tramitado expedientes de expropiaciones con anomalías.
Frente a ese panorama, las críticas en el Colegio surgieron en diciembre pasado cuando le sugirieron que se tomara una licencia hasta que se aclarara si tuvo o no algo que ver con el escándalo. Es que consideran que la entidad se ve involucrada en el escándalo de las expropiaciones y que cada movimiento que haga puede interpretarse como una defensa corporativa del presidente. El planteo cobró vigencia luego de que las renuncias en la Comisión Directiva llegaran a 7 (de un total de 18 miembros), lo que ponía en riesgo la conducción, ya que si quedaban menos de 9, no se tenía el quórum necesario para funcionar. Finalmente, Pagés solicitó la licencia, lo que presume que no habrá más renuncias. Por lo tanto, no se llamará a elecciones y Almirón podrá completar el mandato.