Mientras declara en carácter de indagado por el sonado escándalo de las expropiaciones, Carlos Macchi pretende que el juez de la causa resuelva a su favor un pedido que presentó para que sean citados a brindar testimonial más de una docena de funcionarios públicos. Entre ellos están el gobernador José Luis Gioja, el presidente del Tribunal de Cuentas, una exasesora Letrada de Gobierno y todos los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que lo removieron como magistrado del fuero Civil. No es la primera vez que usa esta estrategia y ya despierta polémica: el fiscal de Estado aseguró que Macchi intenta “desviar el foco de atención”, porque esa prueba “no tiene nada tiene que ver” con las múltiples y graves irregularidades que le imputan haber cometido en juicios donde se supone que la provincia fue estafada en cifras varias veces millonarias.
La medida que pide Macchi es casi una réplica de la defensa que ensayó en el proceso que terminó en su destitución como juez por dejar pasar y cometer anomalías en 5 juicios de expropiaciones en los que se sospecha que el Estado se vio perjudicado con el pago de montos inflados. En aquella oportunidad, solicitó que una larga lista de funcionarios fuera llamada a declarar y el tribunal no le hizo lugar.
Esta vez, en el marco de la causa penal en la que es investigado como uno de los sospechados de ayudar a estafar a la provincia, presentó un escrito del mismo tenor. En el planteo no justifica ni consigna de qué forma le servirían esos testimonios para acreditar su inocencia, aunque su abogado, Guillermo Toranzo, aseguró que “con esa prueba queremos demostrar que esto es un tema político, porque el Gobierno no quiere pagar las expropiaciones”.
Entre los testigos que solicita Macchi aparecen Gioja; el presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis; los cinco integrantes del Jurado de Enjuiciamiento (el cortista Humberto Medina Palá, los diputados oficialistas Pablo García y Marcela Monti, y los abogados Carlos Lima y Pablo Ramella); la exasesora Letrada de Gobierno, Mara Alcobas (hoy es funcionaria judicial); el exministro Aldo Molina (actualmente es miembro del Tribunal de Cuentas) y su exasesor Carlos Sánchez Bustos. A ellos se suman varios abogados de Fiscalía de Estado, dos secretarias judiciales que trabajaron con él cuando era juez y un perito contador.
Macchi quedó bajo la lupa del fuero Penal por una denuncia que formuló en su contra el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, que actúa como querellante, basándose en todos los hechos que salieron a la luz en el Jury. Frente al planteo del exjuez, el funcionario dijo que “tiene derecho de pedir que se produzca la prueba que considere pertinente, pero en este caso no es pertinente, creo que intenta desviar el foco de atención, sacarnos del eje”.
Para Rubén Pontoriero, el abogado contratado por la provincia para actuar junto al fiscal de Estado, “no es de buena técnica jurídica no fundar la prueba, porque el juez no tiene de dónde tomarse para resolver si es necesaria”. Por otra parte, De Sanctis recordó que Macchi no sólo está siendo investigado por sentencias arbitrarias sino por irregularidades en los procesos y se preguntó: “¿Qué tiene que ver lo que pide con que haya tenido en cuenta una bodega que no existía para fijar una indemnización, qué tiene que ver con que Graffigna haya litigado 2 años sin poder cuando la ley se lo impide, qué tiene que ver con la bonificación de título irregular en Canal Playa que terminó con cifras exorbitantes, que tiene que ver con que haya aplicado intereses sobre intereses cuando no se puede, que tiene que ver con que por una vereda se haya pagado la enorme suma de 23 millones de pesos”.
Macchi está acusado de cometer los delitos de fraude contra la administración pública e incumplimiento de los deberes a su cargo. El juez Benito Ortiz lo está indagando y cuando termine, debe resolver si lo procesa (Ver recuadro). Por los mismos hechos, también está en la mira el abogado Santiago Graffigna, ya procesado en la misma causa como líder de una asociación ilícita que supuestamente inflaba el valor de terrenos expropiados.