La presidenta Cristina Fernández, firmó ayer un decreto para habilitar al procurador del Tesoro a denunciar penalmente a los ambientalistas de Gualeguaychú que desde noviembre de 2006 bloquean el paso fronterizo con Uruguay en protesta por la instalación de la papelera sobre en el cauce del río compartido.
El ministro de Justicia, Julio Alak, dijo a una radio de Buenos Aires que se trata de un trámite formal que habilitará al procurador general del Tesoro, Joaquín Da Rocha, a presentarse como querellante en la causa por el corte que habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú realizan en el acceso al puente que conduce a la localidad uruguaya de Fray Bentos.
Da Rocha había presentado el miércoles pasado una denuncia penal contra los que cortan el paso hacia Uruguay, pero el juez Gustavo Pimentel reclamó un decreto presidencial para admitir el expediente.
Fuentes oficiales dijeron a la agencia Télam que la querella quedaría radicada entre ayer y el lunes próximo ante el juzgado a cargo de Pimentel.
"Seguramente Pimentel nos va a tener como querellantes y el Estado va a poder defender los derechos de la Nación", afirmó Alak.
La denuncia penal presentada por la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) contra los ecologistas abarca un abanico amplio de delitos, como entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte, homicidio culposo, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito, entre otros.
El Gobierno argentino también presentó una denuncia civil contra integrantes de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú por los perjuicios económicos derivados del bloqueo del paso fronterizo.
El litigio entre Argentina y Uruguay por la instalación de la papelera fue dirimido por la Corte Internacional de La Haya, que el pasado 20 de abril determinó que el segundo país violó el estatuto del río Uruguay, pero consideró que la planta puede seguir operando porque no hay pruebas de que contamine el medio ambiente.
La misma Corte desestimó en 2006 un pedido del Gobierno uruguayo para que se aplicara una medida cautelar a Argentina por los cortes en los pasos fronterizos, que fueron tolerados por el Gobierno argentino hasta este año.
El miércoles, al anunciar la decisión de formular las denuncias, el Gobierno argentino alegó que, tras el fallo de La Haya, la protesta de Gualeguaychú impide que ambos países puedan iniciar controles conjuntos a la calidad de las aguas del río Uruguay, a la vera del cual funciona la planta, y que las relaciones bilaterales se recompongan.
Los ecologistas reaccionaron con rabia ante las denuncias judiciales y aseguraron que no desistirán de su protesta. Alak pidió ayer a los asambleístas que "reflexionen rápidamente" y levanten el corte.
"Uruguay nos está diciendo: "No podemos permitir que vengan a controlar nuestros territorios, nuestras plantas fabriles y nuestros ríos, mientras ustedes están en una situación de alzamiento contra una resolución internacional. Liberen el puente y conformemos la comisión para hacer los controles", dijo Alak.
Por su parte, el presidente uruguayo, José Mujica se rehusó a opinar sobre la decisión del gobierno de Argentina de demandar a los asambleístas y dijo: "yo ya jugué lo que tenía que jugar, ahora espero sentado".