La Constitución de la provincia cumple hoy tres décadas desde su sanción y está lejos de estar desactualizada. A esa conclusión arribaron 4 prestigiosos abogados al analizar la madre de las normas que rige la vida de los sanjuaninos. Víctor Bazán, Oscar Cuadros, Pascual Alferillo y Celia Maldonado coincidieron en que cuando la carta magna local salió a la luz, se trató de un cuerpo de leyes de “vanguardia” y de “avanzada”. Cada uno con sus matices, destacaron que hay puntos que se pueden mejorar, pero que de ninguna manera llevarían a una reforma de manera inmediata porque haya quedado obsoleta.
La Convención Constituyente aprobó la carga magna el 23 de abril de 1986, apenas 3 años después del retorno de la democracia. El cuerpo colegiado estaba conformado en su mayoría por radicales (Ver recuadro), que habían sido elegidos junto a los diputados nacionales en 1985, en plena efervescencia del gobierno de Raúl Alfonsín. Con su sanción, reemplazó a la de 1927 que regía en la provincia y se adelantó 8 años a la reforma de la Constitución nacional.
A pesar del paso del tiempo, los especialistas consultados dejaron en claro que el cuerpo normativo local cuenta con muchas más las luces que sombras. Bazán, doctor en derecho, constitucionalista y juez de Cámara de Paz de Capital, resaltó como innovador la aplicación de la consulta popular, la defensa de la democracia al sancionar con inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos a aquellos que llegaron al poder a través de un golpe militar, la independencia financiera del Poder Judicial, la incorporación como anexo del Pacto de San José de Costa Rica, entre otros. En su caso, el magistrado aseguró que “la Constitución viene funcionando bien” y que “no hay que cambiarla”. De todas formas, aclaró que si existe la decisión política de llevar a cabo una modificación, propondría que se simplifique la redacción de algunos artículos como los que hacen referencia a la clasificación de las leyes “que son muy difíciles de entender”. Además, remarcó que un tema discutible en la carta magna local es la atribución del Poder Ejecutivo de dictar leyes de necesidad y urgencia.
Por su parte, Cuadros, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo y miembro del Consejo de la Magistratura local, señaló que “son más los logros y beneficios que la Constitución ha traído para la provincia que las críticas que podamos hacer”. En ese marco, manifestó que “no existe una necesidad imperiosa que justifique emprender un proceso de tal envergadura en este momento. No es imprescindible, urgente o inminente una reforma”. Como críticas, destacó que “en algunos puntos fue más allá de lo aconsejable”. Según el profesional, es el caso del Consejo de la Magistratura, del cual valora su creación pero cuestiona que en el proceso de selección de jueces también se incorpore a los miembros de la Corte de Justicia. Cuadros se mostró a favor del mecanismo a nivel nacional, donde los cortistas son propuestos por el Presidente y tienen que tener el acuerdo de las dos terceras partes del Senado. “Esos magistrados tienen que tener ciertas características que pueden ser apreciadas de otro modo”, resaltó.
Alferillo, camarista civil y doctor en derecho, hizo hincapié en la creación de órganos “de vanguardia” como la Fiscalía de Estado, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. Explicó que prácticamente no hay que hacerle modificaciones a la Constitución, aunque aclaró que “siempre es necesario revisar los detalles operativos para darle respuesta a la gente”.
Por el lado de Maldonado, profesora de derecho constitucional, indicó que el cuerpo normativo “para nada se encuentra obsoleto” y puntualizó como punto significativo la declaración de la autonomía de los municipios. Como negativo expresó que pese a esa autonomía, existe una contradicción ya que se clasifica a los municipios como de primera, segunda y tercera categoría, en los que el funcionamiento de estos 2 últimos se rige bajo una ley provincial y no por cartas orgánicas propias.