Con momentos de tensión, fuertes cruces y hasta insultos terminó anoche una asamblea de la llamada Caja de Abogados que había sido convocada para tratar dos puntos centrales: la creación de un seguro de salud para los jubilados y la mejora de sus haberes. Al final, tras acaloradas discusiones, que incluso hicieron temer que se produjeran agresiones físicas, ambos temas fueron rechazados por una amplia mayoría de los profesionales que buscan disolver la institución y pasar al sistema previsional estatal. Incluso mocionaron para que se tratara la liquidación, pero se encontraron con la férrea oposición del directorio que sostenía que esa posibilidad no se podía analizar porque no estaba incluida en el llamado.

Un fuerte antecedente en favor de la liquidación fue una consulta promovida por el Foro de Abogados el 2 de este mes, que arrojó que de un total de 995 votantes, el 70,6 % se manifestó por terminar con el organismo.

Los que votaron ayer en contra de expandir los beneficios aclararon que no se oponen a mejorar la situación de aquellos juristas que ya se han jubilado, sino que no querían avalar con su respaldo la continuidad de la institución.

No es la primera vez que una reunión por el tema de los retirados termina a los gritos y con fuertes discusiones porque ya en junio, una charla organizada por las cajas previsionales que tuvo lugar en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura, concluyó con los ánimos exaltados.

La de anoche era una asamblea a la que había convocado la Caja de Previsión para los Profesionales de las Ciencias Jurídicas, luego de una exhortación de la Defensoría del Pueblo, para que la institución brinde cobertura médica a través de una obra social a los pasivos y que les mejore los haberes, que hoy rondan los 3.373 pesos para un beneficiario con 23 años de aportes. Precisamente, la crítica de los afiliados, quienes ayer pudieron votar cuando incluso son deudores y en otras asambleas no lo habían podido hacer, es que deben hacer altos aportes mientras que los haberes que perciben son bajos e incluso no cuentan con una obra social por lo que deben pagarla por su cuenta.

La asamblea había comenzado pasadas las 19 con quejas porque el lugar elegido, el subsuelo de la Biblioteca Franklin, resultó chico para la gran cantidad de asistentes, porque concurrieron cerca de 200 abogados, y luego de largas discusiones, no exentas de agresiones verbales, se pudo hacer la primera votación, por el tema del seguro de salud. Terminó con 113 votos por el no y 44 por el sí. La otra consulta, por la mejora de los haberes, y cuando ya muchos profesionales se habían retirado, concluyó con 67 sufragios por no otorgar una mejora, 40 por el sí y 10 abstenciones.

Una de las más fervientes impulsoras de la liquidación, la titular del Colegio de Abogados, Claudia Quintana, había intentado que se tratara una moción para disolver la entidad, cuestión que se debe hacer por ley provincial. Pero sus repetidos intentos nos prosperaron porque la presidenta de la Caja, Claudia Garramuño, le dijo en varias oportunidades que el tema no estaba incluido en la convocatoria.