La empresa que le reclama una vieja deuda al Estado por tres baños para el Hospital Rawson y un terraplén para una escuela no incorporó en la demanda el perjuicio que le ocasionó la entonces rescisión del contrato. Sin embargo, una contadora incluyó ese punto en la pericia. No sólo eso sino que también le agregó otros rubros que para Fiscalía de Estado no debieron ser tenidos en cuenta. El combo de ítems arrojó un total de 93 millones de pesos, suma que el organismo encargado de defender el patrimonio local peleará para ajustarla al valor real a través de una valuación oficial. La última palabra la tendrá la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, quien deberá analizar los informes y hasta puede encargar otro si no está conforme.
El caso lo dio a conocer este medio el domingo y presenta detalles, de mínima, llamativos. La provincia fue condenada a pagar la deuda y la empresa Ivaco, en 2008, había reclamado un monto de 2,5 millones de pesos. A principios de este mes, la jueza dispuso la liquidación en la etapa de ejecución y la perito indicó que la suma a desembolsar por el Estado es un 3.500 por ciento superior a lo que pedían los demandantes. La profesional que fue sorteada para hacer el informe es Patricia Alday, hermana de Horacio Alday, este último, procesado en la megacausa de las expropiaciones, en la que la Justicia investiga una presunta red de exjueces, abogados y funcionarios que supuestamente se quedaban con dinero del Estado al inflar los terrenos que este expropiaba.
Frente a semejante cifra, Fiscalía de Estado impugnó la pericia, pidió que la profesional explique y dé detalles de cómo llegó a los 93 millones de pesos e hizo reserva de radicar una denuncia penal ante la posibilidad de un accionar irregular.
Lo que está en juego son certificados de obras que la provincia no pagó a fines de los "90 por la construcción, en primer lugar, de tres baños que se hicieron en el Servicio de Pediatría del hospital Rawson, de los cuales, sólo queda uno en pie, ya que los otros fueron demolidos por la remodelación del centro de salud. Los otros son por la realización de un terraplén para la ampliación de la escuela Florencia Nightingale de 25 de Mayo, en donde hoy hay un jardín de infantes.
Valor inicial
300 mil pesos costaban las dos obras en 1994. La provincia rescindió los contratos y los certificados impagos los incluyó en la consolidación de deuda. La jueza le hizo lugar a Ivaco.
En la liquidación, Alday tuvo en cuenta el rubro llamado daño emergente, el perjuicio sufrido por Ivaco ante la rescisión del contrato por el entonces gobierno justicialista. Sin embargo, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, señaló que el punto no está incluido en la demanda, que no está probado y no forma parte de la sentencia. Además, indicó que a los certificados adeudados le agrega IVA, cuando las obras se hicieron con el sistema de ajuste alzado, con un precio único, en el que se incluye la carga impositiva. Además, indicó que introduce el ítem de gastos improductivos, pero que no está detallado en qué consiste.
Según las fuentes, la perito tiene tiempo hasta el 15 del mes que viene para dar sus explicaciones.