San Juan, 17 de julio.- En plena crisis de la minería, esta tarde se reunirán en la provincia gobernadores y empresarios del sector minero.
A los arribos de Luis Beder Herrera (La Rioja), Lucía Corpacci (Catamarca), Paco Pérez (Mendoza), Jorge Sapag (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y los electos para el próximo periodo, el riojano Sergio Casas y la fueguina Rosana Bertone, se sumarán Daniel Scioli, la primera mandatario de Tierra del Fuego y Julio De Vido.
Empresarios ligados a la minería elaboraron un petitorio de diez puntos para entregarle al candidato a presidente del Frente para la Victoria, a saber.
1. Revisión de las principales herramientas de la política económica. Entre ellas la
paridad peso-dólar, la inflación, cepo cambiario, las remesas de divisas y
dividendos, las DJAI, el aumento constante de las cargas tributarias, la distribución
de las mismas (Nación-Provincia) y el sinceramiento de los costos internos.
2. El impacto de las importaciones mineras en la balanza comercial es magro
comparado con la exportación del sector. Sustituir importaciones es una tarea
permanente y debe alentarse, nunca con procedimientos que afecten los plazos de
entrega, las calidades de los bienes que se requieren o precios que afecten la
competitividad del sector.
3. Respeto a la ley madre de la actividad, el Código de Minería, trabajando para que
esta industria lícita hoy prohibida en siete provincias, se pueda desarrollar en todo
el país; y a la seguridad jurídica, instrumento imprescindible para una actividad
que demanda tiempos en exploración y desarrollos que pueden requerir varias
décadas.
4. Recuperación de la competitividad impositiva con respecto a otros países
latinoamericanos y del mundo. Las retenciones, inexistentes en los países mineros
restringieron la inversión; un solo proyecto de clase mundial de los que se
detuvieron o no arrancaron por ese motivo, tributaría sólo por impuestos a las
ganancias, más que todo lo que se recauda por retenciones. Devolución en tiempo
y forma de los impuestos en la etapa exploratoria para posibilitar su reinversión y
nuevos descubrimientos.
5. Redistribución equitativa de la recaudación de la industria minera a las provincias y
municipios donde se desarrolla la actividad consolidando desarrollos sustentables.
6. Programas de gobierno claros, que expliciten las políticas públicas para la Industria
Minera, incluyendo el fortalecimiento de controles de excelencia y participativos
que despejen dudas en la población, sobre el aprovechamiento racional del
recurso, la seguridad de los trabajadores y el estricto cuidado del medio ambiente.
7. Definición clara del rol del Estado Nacional y las provincias, cuando se desalienta la
inversión minera, por sumar a sus funciones de regulación y control, la
participación estatal empresaria compulsiva en el negocio minero y la adopción de
impuestos y otros tributos de carácter marcadamente inconstitucional.
8. Difundir y promover ante la sociedad argentina los beneficios de la industria
minera. Diagramar una política de difusión desde el gobierno, el ministerio de
educación, cámaras, sindicatos del sector y empresas para desmitificar en la
sociedad argentina los prejuicios que se tienen de la minería.
9. Fortalecimiento de un Acuerdo Federal Minero de amplio alcance, capaz de
revertir la actual discriminación que la minería metalífera sufre en algunas
provincias (Mendoza, Chubut, San Luis, Tucumán, La Pampa, Córdoba y Tierra del
Fuego), en abierta violación a la Constitución Nacional y al Código Minero.
10. Consagrar la industria minera como política de estado honrando su carácter de
utilidad pública. Cumpliendo estas premisas, se podría triplicar exportaciones y
pasar en un futuro mediato a darle al país más divisas que los que ingresan por
toda la Pampa Húmeda. No existe ninguna otra actividad económica significativa
que destine la mayor parte de sus ingresos por ventas en salarios y proveedores de
bienes y servicios.