Buenos Aires, 13 de agosto.- La iniciativa del gobernador cordobés José Manuel de la Sota de abandonar el pacto fiscal de 1992, por el cual las provincias ceden recursos coparticipables a la Nación, provocó el rechazo de otros gobernadores peronistas. Pero devolvió a la agenda planteos por un nueva ley de coparticipación. Buenos Aires, Mendoza y otras provincias reclamaron al Gobierno cambios en la distribución del dinero de los impuestos.

El miércoles, la legislatura cordobesa sancionó una ley con la que la provincia abandona el pacto fiscal. Córdoba reclamará ante la Corte Suprema que la Nación deje de descontarle el 15% de la masa coparticipable que el distrito cede a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), en medio de la disputa que De la Sota mantiene con la presidenta Cristina Fernández, a la que le reclama una deuda de más de $ 1.000 millones. Córdoba no transfirió a la Nación su caja jubilatoria.

De la Sota buscó apoyo entre sus pares. Envió una carta a los gobernadores en la que pidió caminos de unión para recuperar lo que es de las provincias. En otras palabras, buscó una masiva renuncia al pacto fiscal. El Gobierno de la provincia de Córdoba tuvo que denunciar el Pacto Fiscal de 1992, luego de numerosos como infructuosos intentos de lograr con la Nación un consenso razonable y equitativo, tendiente a que ésta dé cumplimiento a las obligaciones legales que tiene asumida con Córdoba, y que desde hace mucho tiempo sin razón legal ni legítima alguna ha dejado de cumplir, escribió el mandatario.

Ese 15% de la masa de impuestos que las provincias cedieron para financiar a la ANSeS representan en la actualidad $ 23.500 millones, según estimaciones de Economía & Regiones. El Instituto de Análisis Fiscal (Iaraf), calculó que ese dinero representa el 80% del déficit consolidado provincial.

Pero la jugada cordobesa no tuvo eco. El viernes, en Mendoza, los gobernadores de ese distrito, Francisco Pérez, San Juan, José Luis Gioja, y La Rioja, Luis Beder Herrera se alinearon con la Nación. Somos parte de un proyecto nacional que conduce nuestra Presidenta y que desde el 2003 recuperó el federalismo llevando la transformación a cada una de las provincias, dijeron en un comunicado conjunto, en el que también apoyaron la idea de discutir la re-reeleción presidencial.

En tanto, Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos, consideró que De la Sota está equivocado política e históricamente. Un funcionario del gabinete bonaerense, en diálogo con El Cronista, coincidió: Hay 25 jurisdicciones que participan de la renta federal. Se deben ver todos los temas, no reclamar el 15% de forma caprichosa, dijo.

Pero la jugada de Córdoba devolvió al tablero político la discusión sobre la coparticipación de impuestos. Desde una provincia grande comenzaron a trabajar para instalar el tema. Recordaron que en la convención constituyente de 1994, la entonces convencional por Santa Cruz Cristina Fernández sacó un despacho en minoría al votarse el actual artículo 75 inciso 2 de la Constitución sobre la coparticipación de los impuestos e impugnó la posibilidad de que mediante leyes especiales, como la de la ANSeS o los impuestos a los cigarrillos, se disminuyeran los fondos que se reparten entre las provincias. Puede haber asignaciones específicas, si las necesidades excepcionales así lo justifican, pero no deben serlo de la parte que les corresponde a las provincias, porque si no, estamos frente a una federalización al revés, dijo entonces Cristina.

En Mendoza, ante el vicepresidente Amado Boudou, Pérez dijo que sólo con la unión de los gobernadores podemos avanzar en la discusión de una ley de coparticipación. Urribarri agregó: La discusión de la coparticipación implica un enorme debate primero entre las provincias y luego, con una postura estructural unificada con la Nación. En Buenos Aires escucharon atentos. El sciolismo quiere dar ese debate.