El Gobierno uruguayo no aceptará la propuesta argentina de un control continuo de la planta de celulosa de la finlandesa UPM (ex Botnia) porque excede las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre el conflicto bilateral, confirmaron ayer fuentes oficiales.
El canciller uruguayo, Luis Almagro, dijo que los controles de ambos países sobre el río Uruguay "se deben cumplir de acuerdo al fallo de la Corte".
En tal sentido, especificó que el mandato de la Corte no es el control de las aguas de todo el río, sino "el control de la calidad de las aguas en función de la instalación de la planta" UPM, destacó Almagro.
"Se está trabajando con la finalidad de elaborar un marco de referencia", agregó el canciller.
Al responder sobre la solicitud de Argentina, en cuanto a la vigilancia integral sobre la planta de UPM y si Uruguay había sido notificado sobre esa situación, el canciller afirmó que su Gobierno recibió una propuesta en la última reunión de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).
La CARU, a pedido de Argentina, se volverá a reunir el 17 de mayo y cada país presentará una propuesta.
Almagro expresó que "se debe tener en cuenta el marco de referencia constituido por el fallo de la Corte Internacional de La Haya".
"También se cuenta con otro marco de referencia, que son las competencias de la CARU. No se pueden exceder en las negociaciones ni las competencias de la CARU, ni lo expresado por la Corte de La Haya", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.
La ministra uruguaya de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Graciela Muslera, fue menos diplomática y más directa.
"Argentina presentó una propuesta que va más allá de lo establecido en el régimen de control", afirmó.
Argentina presentó el pasado 11 de mayo un proyecto de vigilancia "integral y continua" de la planta de UPM (ex Botnia) y de su impacto ecológico.