Para el fiscal federal Francisco Maldonado, el hoy cortista Juan Carlos Caballero Vidal formó parte del plan represivo ejecutado por la última dictadura militar cuando era juez penal de primera instancia. Pese al cargo institucional que tenía, no hizo nada ante un pedido sobre el paradero y la libertad de una víctima que fue secuestrada, torturada y a la que además le robaron. Por eso, el representante del Ministerio Público lo imputó como partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y robo agravado, además de señalarlo como integrante de una asociación ilícita y de no promover la investigación penal. Pero no es todo, ya que además consideró que es el responsable de las amenazas al abogado de la persona que fue detenida ilegalmente. Así, le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que lo llame a indagatoria por esos delitos de lesa humanidad.
Fuentes calificadas aseguraron que todos esos puntos constan en el pedido de investigación que formuló Maldonado. Desde el juzgado señalaron que Rago Gallo comenzará a llevar a cabo las medidas solicitadas por el fiscal, incluida, la indagatoria. La medida no tiene precedentes en la historia provincial, en el que un ministro de la Corte de Justicia, en funciones, tenga que rendir cuentas, encima, por delitos de lesa humanidad.
El caso estalló el 8 de mayo, en una audiencia del megajuicio por delitos de lesa humanidad. El testigo Pedro Bayugar contó que fue abogado de Héctor Cevinelli y tras su secuestro, el 12 de marzo de 1977, presentó un habeas corpus ante Caballero Vidal, quien en esa época era el titular del Juzgado de la Sexta Denominación de San Juan.
Luego de que Cevinelli fuera liberado, Bayugar se reunió con Caballero Vidal en el Juzgado para informarle de esa situación, a lo que este último le respondió que “sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y que tenía muchas posibilidades de aparecer” y le reconoció que conocía que la víctima “había tenido algunos conflictos con el comedor universitario”. Además, el abogado le comentó al juez que quedaba el tema del robo de una moto y algunas otras cosas personales, como una máquina de escribir. Fue en ese momento, en el que el magistrado le dijo: “Supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo sucedido”. Mientras pronunciaba esa frase, expresó que Caballero Vidal sacó una pistola 9 milímetros del cajón y la puso arriba del escritorio. Ante eso, Bayugar manifestó que le dijo que sí, se retiró y le explicó a la esposa de Cevinelli que, palabras más palabras menos, que dejaran de lado esos detalles, ya que su marido había aparecido.
Frente a ese escenario, que el fiscal entendió que Caballero Vidal omitió llevar a cabo las investigaciones sobre los delitos que sufrió Cevinelli y que buscó amedrentar a su defensor para que desistiera de sus averiguaciones. Maldonado consideró que el actual cortista fue clave para garantizar la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos humanos que padeció Cevinelli. Por ese motivo, lo consideró un partícipe necesario en un crimen de lesa humanidad. Al conocerse el caso, Caballero Vidal emitió un comunicado en el que expresó que si el juez “así lo requiere, quedaré a disposición sin ampararme en las garantías o privilegios que impone mi cargo”. El dato es clave, ya que por su cargo tiene fueros de arresto, aunque puede estar sometido a proceso, es decir, ser indagado y hasta procesado. Pero para ir preso, primero hay que someterlo a juicio político.
J. C. Caballero Vidal
Carrera hasta la Corte local
El ministro de la Corte de Justicia tiene 72 años. Fue titular del Juzgado de Sexta Nominación desde principios de los ‘70 hasta 1984. Tras el retorno de la democracia, la Cámara de Diputados no le renovó el puesto (ver recuadro).
Tras esa situación, se dedicó a ejercer la profesión como abogado. En ese marco, fue uno de los que integró el equipo de profesionales que defendió al exgobernador Jorge Escobar cuando fue destituido políticamente. Luego de distintas instancias, el dirigente justicialista fue repuesto en el cargo tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tras esa experiencia, Caballero Vidal se candidateó para la Corte de Justicia local y obtuvo un lugar en octubre de 1995, precisamente en la gestión escobarista.
Desde entonces integra el máximo tribunal provincial y hoy preside la Sala Segunda, la cual tiene competencia en los recursos extraordinarios en materia penal, laboral y contencioso administrativa.
La sesión secreta
El 31 de mayo de 1984, en pleno retorno de la democracia, los miembros de la Cámara de Diputados se reunieron en sesión secreta para confirmar si los jueces (incluidos los cortistas), fiscales, defensores de pobres y ausentes y asesores que venían desde el proceso iban a seguir en sus cargos. En esa época regía la Constitución de 1927, sancionada por el bloquismo cantonista, que establecía que, cada tres años, a los puestos de los magistrados se le debía conceder el acuerdo constitucional legislativo para su continuidad. La Legislatura era dominada por referentes del partido bloquista, que además gobernaba la provincia a través de don Leopoldo Bravo. Tras la sesión secreta, contemplada en la norma, de la que participaron 21 legisladores, se dio a conocer el listado. En el mismo, de 32 funcionarios judiciales, sólo tres no tuvieron el OK de los legisladores. Uno de ellos fue Juan Carlos Caballero Vidal. Los otros dos fueron Carlos De Stéfano y Tito Moya Sarmiento. Luego de que saliera a la luz la lista, no hubo detalles de la decisión y los diputados dieron por terminada la sesión.