San Juan, 11 de diciembre.- El Tribunal Oral realizó una inspección ocular en “La Marquesita”, un camping de suboficiales del Ejército donde un ex militar y tres sobrevivientes denunciaron que funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura.

La diligencia se realizó con la presencia del presidente del Tribunal, Alejandro Piña que actuó con la delegación de los otros dos integrantes del cuerpo, quien escuchó las declaraciones del ex sargento ayudante de la Banda de Música, Antonio Del Carmen Tapia y de una víctima del terrorismo de estado que dijo que estuvo en ése lugar.

El juez acompañado del fiscal Mateo Bermejo y el defensor Marcelo Fernández, recorrió el lugar donde los testigos dijeron que había instalada una carpa, donde estuvieron alojados los detenidos.

La Marquesita, es como se llama al Camping Sargento Cabral, ubicado en Marquesado, Rivadavia.

El ex militar Antonio Tapia, dijo que le tocó cubrir una guardia en el sitio, hasta donde lo llevaron en un Unimog, pero que no vio a ningún detenido.

Tapia explicó que lo trasladaron desde la sede del Regimiento 22 de Infantería de Montaña hasta “La Marquesita”, ingresando por la parte trasera después de andar varios kilómetros a campo traviesa.

Ante el juez actuante, el testigo recordó que lo llevó “un grupo que andaba trabajando en los temas de detenciones comandado por el oficial Jorge Olivera, que es quien llevaba la batuta” y que lo integraban “el sargento González que manejaba el Unimog, el teniente Del Torchio al que le decían el patón y los suboficiales Rosas y Flores”.

Tapia dijo que lo dejaron por la mañana solo en el lugar “para que cuidara porque iban a traer detenidos”, pero indicó que “volvieron por la noche y no trajeron a nadie”.

Durante el procedimiento, el juez Piña también recibió la declaración de una víctima que pidió reserva de su nombre.

Se trata de una mujer que estuvo detenida en el camping de suboficiales del Ejército entre noviembre y diciembre de 1976 y que relató que estaba en una carpa presumiblemente en una camilla, maniatada y con los ojos vendados.

La militante de los derechos humanos que declaró en el procedimiento, junto a Hilda Díaz, que vive en Europa y “el polaco” Moroy, actualmente enfermo, son los únicos tres sobre vivientes de “La Marquesita”.

Ante el juez la mujer que cuando declaró en el juicio oral lo hizo sin público y con asistencia profesional, dijo que en el lugar sufrió manoseos, vejaciones y torturas y que “por las noches nos venían a buscar y nos ponían la picana eléctrica y nos hacían el submarino”, que describió como una inmersión prolongada en tachos de agua.

Relató que el olor a los pinos que circundan el lugar y el ruido del agua de un arroyo que pasa por el sitio, le hicieron recordar aquellos trágicos días, en los que conoció a María Luisa Alvarado Cruz, hoy desaparecida, “que la tenían de cocinera y para preparar el desayuno”.

También dijo que sabía que “había otras dos mujeres más” y que vio a “un hombre atado y encapuchado, muy lastimado y que se quejaba a los gritos”.

Tras la inspección, el juez Piña anunció que la última jornada de debate del año se realizará la semana que viene en la sede del TOF San Juan.