En el Gobierno provincial se metieron de lleno a investigar una situación que despierta indignación, sobre todo por tratarse de algo tan sensible como el techo para personas carenciadas. Descubrieron que hay más de 100 familias que recibieron una casa del IPV para vivir y que al poco tiempo, sin haberla cancelado, la vendieron a pesar de que está terminantemente prohibido. El gobernador José Luis Gioja dio la orden para que esas adjudicaciones sean revocadas lo antes posible y les advirtió a los compradores que la ley no les reconoce ningún derecho sobre el inmueble, por lo que se quedarán sin nada.
“Vamos a investigar y denunciar cada situación irregular, les vamos a dar de baja”, dijo molesto Gioja. Su enojo se debe a que los involucrados en las maniobras ilegales desprecian la oportunidad de solucionar los problemas habitacionales que arrastran sus familias y con tal de conseguir plata, aprovechan para hacer negocio con una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
La legislación establece que las viviendas que construye el Estado deben ser habitadas por la familia adjudicataria y que mientras no sea cancelada, no se puede vender, transferir ni alquilar. Así todo, hay quienes la reciben, viven allí un breve lapso de tiempo y después, sin pagar siquiera las cuotas, se la venden a otra persona.
Según dijo Gioja, se han topado con más de 100 casos. La gran mayoría sucedió en complejos que se construyeron para erradicar villas miseria. Entre otros, los barrios chimberos Necochea, El Chañar y San Francisco; los rawsinos Huarpe y Lagunas y el pocitano Teresa de Calcuta. Aunque también aparecieron ventas ilegales en el Bella Vista de Pocito y en barrios para gremios de la CGT, que corresponden a otro tipo de operatorias.
Las operaciones se hacen por montos irrisorios, que van de los 20 mil a 40 mil pesos, y el vendedor le promete al comprador que va a quedar como titular de la vivienda. Sin embargo, se trata de un engaño, porque la ley es clara cuando dice que el único que adjudica es el IPV. Conclusión: el que paga por una casa que todavía no está cancelada, es decir que aún es del Estado, no sólo pierde la plata sino que se arriesga a no poder ser nunca el dueño del beneficio y mucho menos, escriturar a su nombre.
En el Gobierno entienden que gran parte de los compradores fueron engañados y el propio Gioja pidió que la gente tome recaudos para no ser víctima de una situación semejante. Aunque al mismo tiempo están seguros que algunos compraron sabiendo que está mal, porque ven una gran oportunidad para conseguir un techo por unos pocos miles de pesos y apuestan a no ser descubiertos.
La venta ilícita es causal suficiente para que el IVP le quite la casa al titular del crédito, no le dé más una e inicie, a través de Fiscalía de Estado, un proceso de desalojo contra el nuevo residente. Tomándose de eso, el Gobernador aseguró “no vamos a dejar pasar ningún caso” y que van a recuperar las viviendas en situación irregular, para entregárselas a otras familias que quieran “hacer bien las cosas”.
En el IPV contaron que los que se desprenden de la casa, generalmente, se van a vivir con algún familiar o alquilan una piecita económica, que nada tiene que ver con la comodidad de una vivienda nueva y material. Siempre, buscando quedarse con una diferencia en el bolsillo.
En el organismo dieron cuenta de historias increíbles. Relataron que en el barrio Necochea hay un adjudicatario oriundo de Mendoza que apretó a vecinos para que se muden y cuando lo consiguió, vendió las casas. Otra es la de un par de familias evacuadas en Chimbas por los últimos temporales: no hace mucho comercializaron sus viviendas del IPV y pedían que les dieran otra.
Los responsables puede que en algún momento queden entrampados en una causa Penal. Esto, porque en la práctica no es otra cosa que una estafa y aquellos que fueron engañados, los pueden denunciar y hasta demandar para intentar recuperar el dinero que perdieron.