Los empleados que trabajaron en el juzgado que conducía Carlos Macchi serán sometidos a pruebas caligráficas para determinar si alguno de ellos realizó una presunta adulteración en una providencia de un expediente de un juicio de expropiación. La maniobra habría consistido en cambiar unas fechas para estirar los plazos y permitirle al abogado Santiago Graffigna presentar un recurso para que sólo se tuviera en cuenta la valuación del terreno que hizo su perito, dejando afuera a la del Tribunal de Tasaciones, lo que contribuyó a que la suma se convirtiera en impagable para el Estado. Según fuentes judiciales, la decisión de tomar pruebas escriturales es el camino que seguirán en el juzgado que dirige Benito Ortíz, luego de que el viernes, el fiscal Fabricio Médici realizara el requerimiento de instrucción para iniciar la investigación, tal cual lo adelantó este medio.

La causa salió a la luz en el Jury de Enjuiciamiento contra Macchi, quien fue destituido por las graves irregularidades que cometió en 5 juicios de expropiaciones. La presunta adulteración fue hallada en uno de esos procesos (“Parque de Mayo”) y fue aportada por el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis. En el Jury, un perito de Gendarmería estableció que la maniobra no fue hecha por el exmagistrado, por lo que el personal que trabajó con él en el Quinto Civil quedó bajo la lupa.

Tanto el Jury que destituyó a Macchi como el nuevo caso son desprendimientos de la llamada megacausa de las expropiaciones, que actualmente se encuentra sin un magistrado (ver recuadro). Esta se generó por la denuncia que realizó la gestión giojista por la existencia de una red de jueces, abogados y funcionarios que inflaban el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para que la provincia desembolsara sumas millonarias. En ella hay 11 procesados, entre los que se encuentra Graffigna, como el líder de una asociación ilícita, y la exjueza Rosalba Marún como partícipe. Tras el proceso de remoción, el exmagistrado fue denunciado y quedará incorporado a la megacausa, mientras que las actuaciones por la adulteración se enviaron a la fiscalía de Médici, quien solicitó la investigación.

En el expediente “Parque de Mayo”, el Tribunal de Tasaciones de la provincia pedía la suspensión de términos para presentar su informe sobre el terreno que abarca a los estadios. Debido a la ausencia temporal de Macchi en su juzgado, fue reemplazado por sus colegas. Así, en la providencia de foja 339, con fecha del 2 de junio de 2006, escrita a mano, el juez Roberto Pagés estampaba su firma y aceptaba al planteo del organismo. El perito de Gendarmería confirmó que la fecha original era el 31 de mayo, la cual había sido raspada y tapada con corrector. ¿Por qué el cambio de fechas? Porque así se corrieron los plazos, lo que permitió que ingresara un recurso de reposición de Graffigna, en el que pedía que se reviera la decisión de suspender los plazos al Tribunal, invocando una anterior decisión de Macchi. Dicha resolución estaba plasmada en la providencia de foja 326 bis, en la que no se le hacía lugar al pedido. De esa manera, el organismo tasador no pudo presentar su informe y sólo se tuvo en cuenta el del perito de Graffigna. El primero valuó poco más de 5 hectáreas en casi 5,5 millones de pesos, mientras que el segundo lo tasó en cerca de 15,5 millones. Esta última cifra, más intereses desde 1924, llevó la indemnización a 1.500 millones, según los cálculos. Para el fiscal de Estado, todo fue ardid entre Graffigna y alguien del juzgado para articular la maniobra.