Una jueza porteña ordenó cambiar los nombres de las calles y lugares públicos de la Ciudad que remitan a funcionarios de gobiernos de facto.

La magistrada del Contencioso Administrativo Elena Liberatori, quien dio lugar a un amparo de un vecino, indicó que deberán modificar la denominación de estos espacios públicos "antes de la finalización del próximo período legislativo", que acaba en diciembre de 2011.

En una resolución, Liberatori quiere que se efectivice el artículo quinto de la ley 83 de la Ciudad que establece que "en ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático".

"No cabe duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales", enfatizó la jueza.

La causa se inició por un amparo de Hansel Adolfo Stegemann, quien presentó la acción judicial "en su carácter de ciudadano, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" para que eliminen "de forma permanente las placas de las calles, plazas, escuelas o de cualquier otro bien perteneciente al mismo, los nombres de aquellos que usurparon el cargo durante los períodos de violación al orden constitucional".

Puntualmente la acción tiende a que "se eliminen los nombres de los usurpadores del poder popular en los siguientes bienes: plaza "Teniente General Pedro Eugenio Aramburu" (que ya fue cambiado por Plaza del Angel Gris), plaza "Teniente General Eduardo Lonardi", plazoleta "Ernesto Padilla", calles "Intendente Guerrico", "Capitán Claudio H. Rosales", "Mecánico Militar Leopoldo Atenzo", "Cadete Carlos Larguia", "Soldado Miguel Santi" y escuela "Octavio Pico".

Por otra parte, el fallo generó malestar en el gobierno porteño, debido a que la magistrada Liberatori, mantiene un enfrentamiento abierto con la administración que encabeza el jefe de gobierno, Mauricio Macri, y recordaron que Liberatori fue la jueza que impidió la construcción de una comisaría de la Policía Metropolitana.

El ministro de seguridad, de Macri, Guillermo Montenegro, dijo que hay "un sector de la política que trata de complicarle la existencia a Mauricio, cuando en realidad se la están complicando a los vecinos". El funcionario sostuvo que ante cada medida que el gobierno porteño toma para reforzar la seguridad, "aparecen amparos para trabar las cosas". "Hay cinco tipos que plantean cosas insólitas y hay una jueza (por Liberatori) que los avala".