Todo el mundo loco por las boletas de gas que llegaron altas y, para colmo, será peor luego del consumo domiciliario de este invierno que comenzó antes de la mitad del otoño con temperaturas tan bajas que vienen rompiendo estadísticas de muchos años.

El problema es que no hay gas desde hace largo tiempo y la manipulación de las tarifas nos ha estado dando a los usuarios una señal opuesta a la realidad. El punto extremo fue la sugerencia a los automovilistas de que convenía usar este combustible, sobre todo, para los vehículos de transporte público, taxis y remises. En realidad esto tuvo justificación allá lejos y hace tiempo cuando se venteaba el gas de los pozos de petróleo y por ausencia de ductos de transporte no se le podía atribuir alguna utilidad. Fue lógico que, una vez instaladas las tuberías y con el elemento en exceso, se fuera pensando en usos alternativos al domiciliario e industrial, prioridades uno y dos, pero siempre dejando claro que esto se haría mientras sobrara. Con el paso de los años fueron divergiendo dos líneas. Por un lado aumentaba el gasto y por el otro se disminuía el recurso sin que una mirada estratégica advirtiera que esta progresión eliminaría el autoabastecimiento. La natural falta de confianza de eventuales inversores en un sistema de macroeconomía altamente regulado que restaba espacio al riesgo y la iniciativa, redujo a cero el interés de particulares en la exploración, un negocio de alto riesgo e intensivo en el aporte de capital. Este proceso simultáneo de incremento de demanda y reducción de stock debió ser acompañado por la corrección proporcional de las tarifas: el gas es ahora escaso y lo escaso debe subir de precio del mismo modo que las frutas son caras en invierno. Pero no fue así y, como ahora nos consta, familias, individuos y automovilistas continuamos comprando cada vez más equipos nutridos por un insumo que debimos empezar a comprar afuera. La diferencia entre el costo real y el precio final comenzó a ponerla el Estado con un sistema de subsidios financiado con emisión monetaria espuria, disparador necesario de inflación. Y de ahí a la actualidad, momento en el cual aparecen varias líneas que no acuerdan entre sí.

Si se mantuvieran los subsidios financiados con emisión no habría forma de detener o menguar la inflación. No se puede incrementar los impuestos porque ya llegaron a niveles tan altos como en los países nórdicos. Es más, la tendencia debiera ser inversa, volver a dejar el dinero en manos de los particulares. Si la inflación no para, la actividad seguirá cayendo y continuará la destrucción de empleo por la veloz pérdida de capacidad de compra de los salarios, la reducción de las ventas, la disminución de producción de la industria y todo en una espiral que tomaría cada vez más intensidad. Ese es el análisis crudo que llevó a una actualización tan brutal de tarifas que tenían un precio ‘político‘, calificación que suele darse a las decisiones irracionales de los gobiernos. Gas y energía escasos pero baratos. Este año el país deberá pagar unos U$S 10.000 millones para importar gas de Noruega, que llega en barcos por el Pacífico para dejar su carga desde Chile, país al que décadas atrás le vendíamos lo que hoy compramos.

La llegada de las nuevas boletas con números que en la mayoría de los casos multiplican por más de 4 la mayor factura anterior ha puesto en evidencia otro tipo de problema, la ausencia de federalización de las discusiones en las imprescindibles audiencias públicas y hasta en los eventuales reclamos. El Defensor del Pueblo provincial y la oficina local de Defensa del Consumidor no tienen nada para hacer más que enviar notas y sugerencias al ente regulador nacional o a la empresa distribuidora. Cualquier recurso judicial debe ser iniciado ante el Juzgado Federal sin que los jueces provinciales, algunos de ellos expertos en los derechos de los consumidores, puedan hacer algo. No hace mucho, el por entonces intendente del departamento Sarmiento, hoy ministro de Minería, Alberto Hensel, debió proponer la creación de una empresa provincial no por las tarifas, sino solo para satisfacer las urgencias de conexión que la empresa nacional no satisfacía en un tiempo razonable. ¿Por qué no tener respecto del gas igual sistema que el que tenemos para electricidad? De esa manera podríamos discutir y resolver entre nosotros los problemas sin quedar pegados a una solución general o tener que reclamar de nuestros gobernantes frecuentes viajes a Buenos Aires por cada conflicto. En nuestro país se sigue considerando tanto al gas como a la electricidad y al agua servicios de monopolios naturales, es decir, que no pueden ser abiertos a la libre competencia porque sería antieconómico tener 2 o 3 instalaciones paralelas de cada cual. En otros lados funciona un sistema de carriers como en las telefónicas permitiendo que cada una de las etapas, generación, transporte y distribución queden separadas y puedan ser explotadas comercialmente por distintas empresas y el abonado elegir a la que considera más conveniente.

Visto el carácter monopólico local es imprescindible el buen funcionamiento de los entes reguladores que deber hacer las veces de esa competencia que falta con la rigurosidad de una prestadora ficticia, virtual. ¿Alguno de los lectores asistió alguna vez a una audiencia pública convocada por el Enargas para discutir una tarifa o conocer algunas de sus justificaciones? Enargas es solo una ventanilla de protesta sin que a sus directivos y empleados les dé vergüenza ser testigos a diario de las extensas colas de clientes disconformes. Otro tanto ocurre con Ecogas. Más allá de las explicaciones que se nos dan, sean ciertas o falsas, no es justo que en esta época de avance de los derechos de los consumidores se nos impida participar en la discusión de la formación de los precios de algo imprescindible con lo que cocinamos y nos calentamos.