El Gobierno provincial reglamentó la ley que regula el funcionamiento de las agencias de seguridad en la provincia y les dio 90 días de plazo, que se cumplirán en septiembre, para que se ajusten a los requisitos de la norma, según confirmó ayer el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas.
En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario dijo que ya firmó el decreto de reglamentación de la Ley 7725, que entre sus puntos principales establece que el personal no puede tener antecedentes penales, no puede haber sido exonerado de las fuerzas de seguridad y que el director de la empresa debe ser licenciado en Seguridad o con un cargo de jerarquía que no sean inferior a comisario de la Policía u oficial principal del Ejército o de la Gendarmería. Cabe señalar que la Licenciatura en Seguridad se comenzó a dictar recién a partir de abril pasado, gracias a un acuerdo al que llegó el Gobierno provincial con la Universidad Católica de Cuyo.
También les dio plazo hasta el 1 de enero del 2013 para que unifiquen los uniformes que utiliza cada empresa, que deberán ser distintos a, por ejemplo, las fuerzas policiales, para que no los confundan.
‘La intención es efectuar un ordenamiento a las empresas de seguridad, vigilancia y transporte de caudales‘, dijo Cuevas.
La norma fue sancionada en noviembre del 2006, pero nunca tuvo aplicación porque no contó con la reglamentación correspondiente y por eso el ministro hizo hincapié en la necesidad de ajustar los requisitos para que puedan funcionar con normalidad.
La legislación alcanza a las agencias de seguridad privada, a los custodios privados de boliches, llamados patovicas, a las agencias de custodia y traslado de bienes y caudales y a las empresas que brindan seguridad a distancia por medio de sistemas de monitoreo electrónico, auditivo o con cámaras de televisión.
Establece que la autoridad de aplicación será la Policía de San Juan, que depende del Ministerio de Gobierno, que llevará un registro de las agencias que funcionan en la provincia. La que no se inscriba y cumpla los requisitos establecidos, no podrá funcionar, según dijo el funcionario.
En la provincia funciona la Cámara Sanjuanina de Agencias de Seguridad y, según fuentes del sector, a junio del año pasado había 64 empresas funcionando, que dan empleo a no menos de 2.500 personas.
Entre otros puntos que establece la ley, se establece la obligación para los guardias de portar una credencial, que sólo se le entregará luego de comprobar que no fue exonerado de la policía u otra fuerza de seguridad, que tiene el secundario completo y que no presenta antecedentes policiales. Además, deberán hacer capacitaciones semestrales.
Las armas que utilizarán deberán estar registradas en el Registro Nacional de Armas (Renar), con la especificación del tipo y características de las balas.
Otro de los puntos importantes es que el Gobernador de la provincia podrá disponer del personal de agencias de seguridad ante situaciones de emergencia y catástrofes que se produzcan en la provincia.
En la actualidad, incluso el Estado provincial utiliza custodia privada en los hospitales para reducir, por ejemplo, la desaparición de elementos, como la ropa de cama.