Más allá del debate político que se espera en Diputados entre oficialismo y oposición por el cambio a una ley y la sanción de un nuevo Código Electoral, Juntos por el Cambio (JxC) llevará la disputa al terreno judicial cuando la semana que viene presente acciones para revertir lo que aprobará la mayoría en el cuerpo legislativo. Las movidas, que serán dos, se sumarán a la que iniciaron a principio de año cuando solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), planteo que recibió un rechazo de la Sala IV de la Cámara Civil, por lo que JxC acudió a la Corte de Justicia para buscar un fallo favorable. Las embestidas judiciales fueron confirmadas por el intendente de Rivadavia y vicepresidente de Producción y Trabajo, Fabián Martín, quien, en diálogo con el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, manifestó que "se va a judicializar la ley 613-N", que impide hacer cambios al mecanismo de votación 18 meses antes del próximo comicio, y que también "plantearemos la inconstitucionalidad de la ley de Lemas". A su vez, Guido Romero, abogado y asesor en Diputados de JxC, confirmó que el espacio está trabajando en los planteos judiciales que se realizarán la semana que viene.
Si bien desde la oposición sostiene que las sanciones de las normas que se darán hoy y mañana no corresponden y van en contra de la Constitución, por lo que deben ser judicializadas, por lo bajo indican que se trata de movidas que también apuntan a lograr un rédito político al generar un "desgaste" al oficialismo. Roces que puedan dejar mejor posicionadas a las figuras de la oposición de cara a las elecciones generales del año que viene.
Incluso, en su visita, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó esa estrategia al expresar, en su discurso frente a la militancia, que "vamos a dar pelea para que no nos cambien las reglas de juego. Eso va a generar mística en el equipo y adhesión de otra gente". Además, había sido crítico al indicar que "salgamos a explicarle a la gente que quieren hacer trampa. No nos dejemos engañar con otras palabras. Hacen trampa porque tienen miedo, porque ven que se les viene. Como decía uno de ellos: están nerviosos. En la elección anterior estuvimos a un empate técnico".
Las modificaciones que serán judicializadas son la ley 613-N, que prohíbe modificar el sistema de votación 18 meses antes de la próxima elección y que hoy será dejada sin efecto a través de una sesión especial. La segunda será aprobada mañana y apunta a una reforma del Código Electoral para introducir el Sistema de Participación Democrática Abierta (Sipad). Junto a esta, habrá cambios en la ley de Partidos Políticos, ya que debe ser adecuada al nuevo Código.
Los fundamentos de la oposición para la judicialización serán expuestos en parte en la jornada de hoy y también en la sesión de mañana. Según indicaron desde JxC, habrá posturas aguerridas, en principio, de la diputada Nancy Picón y su par Marcela Quiroga, ya que ambas han participado del debate ampliado en las comisiones de Justicia y Seguridad y Legislación y Asuntos Constitucionales. Si bien habrá réplicas del oficialismo, se verá si son discursos filosos, incluso para contrarrestar lo expresado por el bloquista Edgardo Sancassani, quien dijo en Radio Sarmiento que su bloque ha "defendido proyectos del Ejecutivo con mucha más fuerza que otros legisladores, inclusive, del peronismo".
Sesión especial y cambios
La Cámara de Diputados llevará a cabo hoy una sesión especial para abrogar (dejar sin efecto) la Ley Nº 613-N, la que prohíbe toda modificación al sistema electoral vigente, dentro de los 18 meses previos al acto del comicio. Al tratarse de una ley decisoria, se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión. Según indicaron fuentes oficiales, de los 36 legisladores, hay 28 de siete bloques que están dispuestos a dejar sin efecto esa norma. Para sancionar el nuevo Código Electoral, el cuerpo sólo requiere mañana la mayoría simple de los legisladores.
Fallo
La Sala IV de la Cámara Civil, por mayoría, le hizo lugar a la apelación de Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Alvo, y revocó el fallo de la jueza Adriana Tettamanti, del Contencioso Administrativo, que había declarado la inconstitucionalidad del Código que sacó, justamente, las primarias por defectos en su tratamiento legislativo. Sin embargo, dos camaristas de la instancia superior resaltaron que la magistrada incurrió en errores en su valoración y que la sanción de la norma fue la correcta. Así, JxC trasladó ese planteo al máximo tribunal de la provincia.