En la puja desatada entre el Gobierno y las empresas por la eliminación del tope de 5 por ciento en los votos de los representantes del Estado en las compañías que tiene acciones a través de la Anses, hay dos cuestiones: una de formas, y otra de fondo.

Desde el punto de vista de las formas, el hecho de que la medida se haya adoptado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia cuando el Congreso estaba en período de sesiones ordinarias, es inconstitucional, porque es el Parlamento el facultado para cambiar una ley. Acá no había ninguna urgencia.

A menos que, como dijo algún funcionario, el apuro era porque se aproximan las asambleas de las empresas donde deben aprobarse balances. Acá queda claro que lo que primó fue saltearse al Congreso, porque en el gobierno no estaban seguros de que la votación iba a ser favorable a esa medida. Y la verdad, es que para eso está el Congreso, para limitar el ejercicio de poder del Ejecutivo.

En un sistema republicano, cada uno de los tres Poderes controla la capacidad de uso de poder del otro para que no se avasallen derechos de los ciudadanos. Desde el punto de vista de fondo, tiene que ver con que si el Estado puede o no nombrar más directores dentro de una empresa.

El uso del poder ilimitado en este caso está vinculado con la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Para que el Estado no pueda intervenir dentro de una empresa para hacer política pública perjudicando a la compañía, es que se ponen este tipo de límites.

La Anses va a nombrar un director político cuya prioridad va a ser política. El objetivo de los directores de la empresa es agilizar las ganancias en el tiempo, lo cual, es muy bueno para los futuros jubilados. Algún representante estatal en el directorio siempre tiene que haber para controlar a los accionistas privados, pero no para tomar decisiones estratégicas.

El poner directores políticos es un problema para las empresas. Ya hemos tenido como prueba lo que sucedió en el caso de un funcionario que se calzó los guantes de box en la asamblea de una empresa para imponer las decisiones del gobierno.

No es que el Estado tiene los mismos derechos que un accionista privado, porque no es un accionista privado, es el Gobierno.

Los límites tienen que estar a la altura del grado de responsabilidad y madurez que tienen los funcionarios públicos. Y en la Argentina, por eso, los límites tienen que ser muy altos.